TOKIO.- Una ex candidata presidencial fue detenida provisionalmente por las autoridades judiciales peruanas que la investigan por presuntos aportes irregulares que habría recibido su campaña electoral en 2011. 

Se trata de Keiko Fujimori (43) quien fue privada de su libertad el miércoles 10 (jueves 11 en Japón) cuando acudió a la  sede del Ministerio Público en la capital peruana.

En declaraciones a la prensa, su abogada Giuliana Loza, calificó la detención como «abusiva».

«Habíamos acudido al Ministerio Público por decisión propia. Fue mi patrocinada quien solicitó ser recibida para responder las inquietudes del juez (…) nos sorprendió que al ingresar a la sede aparecieron varios agentes policiales que tenían escondidos sus chalecos en bolsos quienes la rodearon y le dijeron que se encontraba detenida provisionalmente por un plazo de diez días», dijo. 

Keiko Fujimori compartió en las redes sociales una carta escrita a mano donde denunciaba que «la persecución se ha disfrazado de justicia en nuestro país».

Su agrupación política difundió un comunicado donde refieren que los fiscales no han obtenido ningún elemento nuevo en Brasil que se haya incorporado en la carpeta fiscal y que amerite esta desproporcional orden de prisión preventiva.

Además añaden que «no existe peligro de fuga» de su lideresa y rechazan el argumento de la resolución  judicial que ordena su detención por «no tener trabajo conocido».

La agrupación difundió una boleta de pago correspondiente al mes de agosto que da cuenta de que Fujimori Higuchi percibe más de 11 mil soles netos por su cargo como su presidenta .

La detención de Keiko Fujimori ocurre una semana después de que la Corte Suprema anuló el indulto humanitario a su padre, Alberto Fujimori otorgado por el exmandatario Pedro Pablo Kucszynski en diciembre de 2017.

Fujimori cumplía una condena de 25 años de prisión por ser autor mediato de las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992. Además por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer tras el autogolpe de Estado de 1992. 

La Corte Suprema ordenó la captura inmediata del exmandatario para que continúe cumpliendo su condena. 

Sin embargo, Fujimori se encuentra internado en la Clínica Centenario de la Inmigración Japonesa al Perú.

Trascendió que luego de conocer la detención de su hija, el expresidente sufrió un shock y experimentó un alza en su presión arterial.

PODER JUDICIAL

Luego de concretarse la detención de la lideresa opositora, el Poder Judicial precisaba en las redes sociales la decisión.


Medios de prensa publicaron fragmentos de la resolución de la orden de detención contra Fujimori y otras 19 personas como parte de una investigación de lavado de activos del caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

El Poder Judicial justifica la medida por existir «elementos de convicción que relacionan a los citados con el delito de lavado de activos, peligro de fuga y obstaculización de la investigación».

Odebrecht

La Fiscalía de Perú investiga supuestos aportes de la constructora brasileña Odebrecht a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011, elección que tuvo como ganador a Ollanta Humala.

El exrepresentante de la constructora en Perú, Jorge Barata, manifestó que le entregaron 1 millón de dólares al partido Fuerza 2011.

Además, las autoridades peruanas consideraron relevante que en una agenda del expresidente de la empresa, Marcelo Odebrecht, se encontró la anotación «Aumentar Keiko a 500», un indicio de las trasferencias de dinero.

La orden de detención destaca que el financiamiento de Odebrecht sería uno de los medios de la agrupación de Fujimori para «obtener el poder político».

Hace unos años, Marcelo Odebrecht reconoció ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que había pagado US$29 millones en sobornos a políticos peruanos entre 2005 y 2014.

EL DATO

Abogados especialistas consideran que la libertad de Keiko Fujimori es incierta habida cuenta que transcurridos los 10 días de detención provisional, el juez podría dictarle prisión preventiva por un máximo de 36 meses. 

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