TOKIO.- El parlamento japonés ha recibido un nuevo proyecto de ley que busca establecer reglas claras para los tratamientos de reproducción asistida que utilizan esperma y óvulos donados por terceros.
La iniciativa fue presentada el miércoles en la Cámara de Consejeros por legisladores de la coalición gobernante del Partido Liberal Democrático (PLD) y Komeito, así como de los partidos de oposición Nippon Ishin no Kai y el Partido Democrático para el Pueblo.
El objetivo central del proyecto es garantizar el derecho de las personas nacidas mediante estas tecnologías a conocer su origen biológico.
Para ello, una vez alcanzada la adultez, podrán acceder a información básica de los donantes, como su altura, tipo de sangre y edad. Sin embargo, los nombres de los donantes solo podrán ser revelados tras su fallecimiento y únicamente si dieron su consentimiento en el momento de la donación.
Gestión y almacenamiento de datos: un resguardo de 100 años
El proyecto establece que la información sobre los niños nacidos por reproducción asistida, sus padres y los donantes de óvulos o esperma será almacenada durante 100 años por el Centro Nacional para la Salud y el Desarrollo Infantil (NCCHD).
Este organismo recibiría los datos de las instituciones médicas que realicen estos tratamientos y sería responsable de su custodia y posible divulgación en el futuro.
La ley también indica que ciertos datos no identificativos, como altura y grupo sanguíneo, podrán ser revelados sin el consentimiento del donante.
Restricciones y exclusiones en el acceso a la reproducción asistida
Un aspecto controversial del proyecto es que limita el acceso a la reproducción asistida únicamente a parejas heterosexuales con problemas de infertilidad, excluyendo a parejas en matrimonios de hecho y a parejas del mismo sexo.
Además, se prohíbe la subrogación (gestación por sustitución), en la que un embrión es implantado en una mujer tercera para que geste el embarazo.
Sanciones y regulaciones para evitar abusos
Para evitar el comercio o uso no regulado de esperma y óvulos donados, solo las instituciones médicas certificadas por el gobierno podrán gestionarlos. En caso de violaciones a esta normativa, los responsables podrían enfrentar penas de hasta dos años de prisión o multas de hasta ¥3 millones (aproximadamente $19,670 dólares).
Un vacío legal en proceso de resolverse
Japón ya había abordado parcialmente el tema de la reproducción asistida en 2020, cuando aprobó una ley especial para definir la relación legal entre los padres y los hijos nacidos mediante estas tecnologías. Sin embargo, en ese momento quedaron sin resolver aspectos cruciales como el derecho de los niños a conocer su origen biológico.
Con este nuevo proyecto de ley, el gobierno busca llenar esos vacíos normativos, aunque su contenido aún genera debates, especialmente en torno a la exclusión de parejas no casadas y de la comunidad LGBTQ+.
©NoticiasNippon