TOKIO.- El gobierno japonés ha decidido implementar una nueva política que permitirá la cancelación del permiso de residencia permanente para aquellos extranjeros que posean este estatus pero no cumplan con sus obligaciones fiscales o de seguro social.
Esta medida surge en un contexto en el que se espera un aumento en el número de extranjeros residiendo a medio y largo plazo en Japón, buscando así «optimizar» el sistema.
Se tiene la intención de presentar una enmienda a la Ley de Inmigración y Refugiados durante la sesión actual del Parlamento.
Los residentes permanentes son aquellos que no enfrentan restricciones en cuanto a la duración de la estancia o actividades laborales, y la autorización se concede bajo condiciones específicas:
(1) haber residido en Japón durante más de 10 años
(2) no haber recibido condenas de prisión
(3) haber cumplido con las obligaciones públicas como el pago de impuestos.
A finales de junio del año pasado, el número de residentes permanentes superaba los 880,000.
Bajo la ley actual, una vez otorgada, la residencia permanente no puede ser revocada a menos que se dejen de cumplir estas condiciones.
La Agencia de Servicios de Inmigración ha identificado problemas con residentes permanentes que intencionadamente evaden sus obligaciones fiscales.
Ante casos de mala fe, se establecerá un mecanismo en el cual las autoridades locales puedan informar a la agencia para proceder con la cancelación del permiso.
Aunque ya se considera la deportación para quienes reciben sentencias de más de un año de prisión bajo el sistema actual, se está considerando extender la cancelación de residencia también a quienes reciban condenas menores a un año.
NUEVO MODELO LABORAL
El gobierno planea reemplazar el sistema actual de prácticas laborales para extranjeros con un nuevo modelo de «formación y empleo», anticipando un incremento en los extranjeros que cumplirán con los requisitos para la residencia permanente.
El comité especial sobre trabajadores extranjeros del Partido Liberal Democrático presentó recomendaciones en diciembre del año pasado al Ministro de Justicia, Koizumi Ryūji, enfatizando la necesidad de evaluar rigurosamente a los residentes permanentes para asegurar que cumplan con las mismas obligaciones que los ciudadanos japoneses.
El gobierno tiene planes de presentar la legislación relacionada con el nuevo sistema de formación y empleo en la sesión actual del parlamento, buscando avanzar en conjunto con las reformas relacionadas con los residentes permanentes.
Sin embargo, se reconoce que algunos incumplimientos en el pago de impuestos o seguros pueden deberse a circunstancias no dolosas como la pobreza.
A TENER EN CUENTA
El término «永住許可» en romaji se escribe como «eijū kyoka» y su significado detallado en español es «permiso de residencia permanente». Permite a los extranjeros vivir de forma indefinida en Japón, sin las restricciones de tiempo de estancia que afectan a otros tipos de visados. Los portadores de este permiso generalmente tienen derecho a trabajar y participar en casi todas las actividades sociales, económicas y culturales del país, con excepciones limitadas. La obtención de este estatus está sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos, que incluyen, entre otros, el período de residencia en el país, la conducta y la estabilidad económica, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales y legales.
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