📍Tōkyō | 21 de mayo de 2025

La Policía Metropolitana de Tokio, junto con otras agencias japonesas, ha desmantelado una red internacional de robo y tráfico de productos que operaba desde dentro y fuera del país.

El grupo, compuesto por ciudadanos vietnamitas, robaba sistemáticamente productos de alto valor —como cosméticos y suplementos— en tiendas tipo drugstore (como Matsumoto Kiyoshi o Welcia) en varias regiones de Japón.

Posteriormente, los artículos eran enviados por correo a Hanoi, capital de Vietnam, para ser comercializados en el mercado negro.

Líderes fuera del alcance: orden de arresto internacional

Hasta ahora, 12 personas han sido arrestadas en Japón, acusadas de participar como ejecutores directos de los robos o encargados de recibir y empaquetar los productos.

Sin embargo, los cabecillas de la organización no se encuentran en territorio japonés. Se trata de Nguyen Ba Thanh (31 años) y Nguyen Thu Pheng (29 años), ambos exresidentes en Japón con antecedentes penales.

Pheng ya había sido condenada en Japón por su rol en otro grupo de robos organizados hace algunos años, lo que refuerza la hipótesis de que grupos criminales extranjeros están compartiendo tácticas y estructuras para burlar a las autoridades.

Ambos sospechosos operaban de forma remota desde Vietnam, utilizando aplicaciones de mensajería como Zalo, Telegram o Facebook Messenger para emitir instrucciones a sus cómplices en Japón. Pheng definía los productos a robar, su destino y logística de envío. Thanh, por su parte, distribuía pagos y recompensas, presuntamente con dinero obtenido de la venta de los productos en Vietnam.

La trampa de los paquetes

Las investigaciones revelan que los artículos robados eran almacenados en múltiples casas o apartamentos («depósitos fantasma») en Japón, donde luego eran cuidadosamente empacados y enviados al extranjero como si fueran regalos o productos personales, evitando así controles aduaneros más estrictos.

Finalmente, los paquetes llegaban a direcciones asociadas directamente con los líderes del grupo en Hanoi, lo que sugiere que los beneficios económicos iban a parar directamente a los cerebros del crimen, mientras los ejecutores locales asumían el mayor riesgo legal.

Contexto humano y social

Este tipo de casos ha ido en aumento desde la pandemia. Según datos del Ministerio de Justicia japonés, los crímenes organizados donde intervienen extranjeros no residentes o exresidentes ha crecido un 35% en los últimos 5 años, especialmente en sectores como el robo al por menor, el fraude de cuentas bancarias y el tráfico de mercancía.

El caso también deja en evidencia una tensión creciente entre la imagen de los trabajadores extranjeros —valiosos para cubrir la escasez de mano de obra— y aquellos que aprovechan el sistema de visados para cometer delitos y luego salir del país. Esto amenaza la confianza pública y podría llevar a políticas migratorias más estrictas.

Marco legal 

Los crímenes cometidos por esta red están enmarcados en varias figuras penales del Código Penal japonés (刑法) y otras leyes especiales:

1. Robo organizado (刑法 第235条 – 窃盗罪)

• Pena: hasta 10 años de prisión.

• Agravante si el robo se comete en grupo o con planificación previa.

2. Recepción y manejo de productos robados (刑法 第256条 – 盗品等関与罪)

• Pena: hasta 10 años de prisión o multa de hasta 500,000 yenes.

• Aplica tanto a quienes reciben, almacenan o transportan productos robados a sabiendas.

3. Dirección remota o conspiración criminal internacional (刑法 第60条 – 共謀共同正犯)

• Permite imputar a personas que no cometieron directamente el robo, pero que lo ordenaron o planificaron, incluso desde el extranjero.

4. Ley de Control de Envíos Internacionales (関税法 y 郵便法)

• Sanciones por declarar falsamente el contenido de envíos.

• Pena: hasta 5 años de prisión o multas severas.

5. Ley de Inmigración (入管法)

• En caso de residentes con antecedentes o reincidencia, la ley contempla:

  • Cancelación del visado

  • Deportación

  • Prohibición de reentrada a Japón por 5 a 10 años o de por vida, dependiendo del caso.

¿Qué pasará ahora?

La policía japonesa ya emitió las órdenes de arresto y solicitará a la Interpol la inclusión de Pheng y Thanh en su lista roja de búsqueda internacional.

Para que sean extraditados, Japón debe colaborar con las autoridades vietnamitas, lo cual puede ser complicado, ya que Vietnam no tiene tratado de extradición bilateral con Japón, aunque sí ha colaborado en otros casos mediante acuerdos informales.

Mientras tanto, las autoridades japonesas piden a las tiendas que refuercen sus medidas de vigilancia y rastreo de inventarios.

También se estudia modificar las regulaciones aduaneras para prevenir el envío masivo de productos robados por correo.

Conclusión

Este caso no solo destapa una red de crimen transnacional bien organizada, sino también pone sobre la mesa cuán vulnerables pueden ser los sistemas comerciales y migratorios en Japón cuando se enfrentan a grupos que combinan conocimiento legal, tecnología y conexiones internacionales.

La lucha contra estos delitos exige no solo medidas policiales, sino también cooperación diplomática y revisión legislativa.

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