Histórica sentencia reconoce el futuro laboral de una trabajadora extranjera hasta los 67 años
📍Tokio | 9 de noviembre
Una resolución del Tribunal de Distrito de Chiba establece que una trabajadora china que sufrió un accidente laboral debe recibir una indemnización calculada sobre los salarios japoneses hasta los 67 años, al considerar que tenía posibilidades reales de continuar trabajando en Japón. La empresa ha apelado la decisión.
Una sentencia que podría cambiar la forma de indemnizar a trabajadores extranjeros
Una decisión judicial en Japón ha abierto un importante debate sobre los derechos laborales de los extranjeros y la manera de calcular las indemnizaciones cuando sufren accidentes que afectan su capacidad para trabajar.
El Tribunal de Distrito de Chiba (千葉地方裁判所) determinó que una trabajadora china, de aproximadamente 40 años, que llegó al país mediante el programa de formación técnica para extranjeros, conocido como 技能実習制度 (Ginō Jisshū Seido), debía recibir una compensación por los ingresos que dejaría de percibir como consecuencia de un accidente laboral.
Lo relevante de esta resolución es que el tribunal no limitó el cálculo al tiempo que la mujer podía permanecer en Japón bajo su condición inicial de aprendiz técnica. Por el contrario, examinó su trayectoria profesional, sus conocimientos de japonés y sus posibilidades de conseguir una residencia que le permitiera continuar trabajando.
Como resultado, los jueces consideraron razonable calcular sus ingresos futuros perdidos hasta los 67 años, utilizando como referencia los salarios de Japón.
La decisión, fechada el 4 de septiembre de 2026, ha sido considerada innovadora por especialistas en derechos de los trabajadores extranjeros. Sin embargo, todavía no es definitiva porque la empresa demandada presentó una apelación ante el Tribunal Superior de Tokio.
El accidente que dio origen al proceso judicial
La trabajadora comenzó a desempeñarse en abril de 2020 en una fábrica de procesamiento de metales situada en Narashino, prefectura de Chiba, bajo el programa de prácticas técnicas para extranjeros.
En abril de 2022, mientras utilizaba una máquina industrial para prensar láminas metálicas, su mano izquierda quedó atrapada en el mecanismo de corte. El accidente provocó lesiones graves, incluida la amputación del dedo índice.
La mujer presentó una demanda contra la empresa al considerar que no se habían adoptado las medidas necesarias para proteger su seguridad durante el trabajo.
El tribunal, presidido por el juez Hisashi Ōyori (大寄久), reconoció que la compañía había incumplido su obligación de garantizar condiciones laborales seguras, conocida en japonés como 安全配慮義務 (anzen hairyo gimu).
Como consecuencia, ordenó pagar una indemnización aproximada de 9,6 millones de yenes (960万円).
Esta cantidad corresponde a la indemnización reconocida judicialmente, y no debe confundirse con el monto específico atribuido a los ingresos futuros perdidos, cuyo desglose no aparece en la información proporcionada.
¿Qué significa calcular los ingresos que una persona dejará de ganar?
En el derecho japonés existe el concepto de 逸失利益 (isshitsu rieki), que puede traducirse como lucro cesante o ingresos futuros perdidos.
Se refiere al dinero que una persona razonablemente habría podido ganar si no hubiera sufrido un accidente o una lesión que redujera su capacidad laboral.
Por ejemplo, cuando un trabajador pierde parte de la movilidad de una mano y esa lesión limita permanentemente sus posibilidades profesionales, el tribunal puede calcular cuánto dinero dejaría de recibir durante los años en que normalmente habría seguido trabajando.
Para realizar esa estimación se consideran distintos factores, como la edad, los ingresos, la capacidad laboral afectada, la duración probable de la vida profesional y las circunstancias particulares del trabajador.
La cuestión central de este caso era determinar durante cuántos años la mujer habría podido seguir trabajando en Japón si no hubiera ocurrido el accidente.
En numerosos litigios anteriores relacionados con aprendices técnicos extranjeros, los tribunales habían considerado que estas personas permanecerían en Japón solamente unos años y posteriormente regresarían a sus países.
En consecuencia, una parte importante de sus ingresos futuros se calculaba tomando como referencia los salarios de sus países de origen, que podían ser inferiores a los japoneses.
Este criterio podía reducir considerablemente las indemnizaciones.
¿Por qué el tribunal consideró que podía trabajar hasta los 67 años?
La resolución no se basó únicamente en el deseo de la trabajadora de permanecer en Japón.
Los jueces analizaron circunstancias concretas que demostraban su preparación y sus posibilidades de desarrollar una carrera profesional a largo plazo.
Después del accidente, la mujer consiguió trabajar en un establecimiento de cuidados asistenciales de la prefectura de Toyama, utilizando el estatus de residencia Trabajador con Habilidades Específicas N.º 1 (特定技能1号).
También estaba recibiendo formación para obtener la certificación profesional de 介護福祉士 (kaigo fukushishi), una cualificación japonesa relacionada con la atención y asistencia de personas que necesitan cuidados.
Además, había aprobado el nivel N2 del Examen de Aptitud del Idioma Japonés (JLPT), el segundo nivel más avanzado de esta prueba.
Estos elementos llevaron al tribunal a considerar que tenía posibilidades elevadas de obtener posteriormente el estatus de residencia 介護 (Kaigo), destinado a profesionales cualificados del sector asistencial.
A diferencia de determinadas categorías migratorias con límites máximos de permanencia, este estatus permite solicitar renovaciones sucesivas sin un límite total predeterminado, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.
Por ello, el tribunal concluyó que existían fundamentos suficientes para considerar que la mujer podría continuar trabajando en Japón hasta los 67 años.
Es importante aclarar que esta edad fue utilizada como referencia para calcular el lucro cesante. No significa que Japón haya establecido una edad obligatoria de jubilación de 67 años para los trabajadores extranjeros.
Marco legal: ¿qué leyes protegen a los trabajadores extranjeros?
En Japón, los trabajadores extranjeros también están protegidos por la legislación laboral y las normas de prevención de accidentes, independientemente de su nacionalidad.
La Ley de Normas Laborales (労働基準法) establece disposiciones fundamentales sobre las condiciones de trabajo y prohíbe determinados tratamientos discriminatorios por nacionalidad.
Por su parte, la Ley de Seguridad y Salud Industrial (労働安全衛生法) regula las obligaciones de prevención de riesgos laborales y las medidas necesarias para proteger la salud y seguridad de los trabajadores.
Asimismo, el artículo 5 de la Ley de Contratos Laborales (労働契約法) establece que el empleador debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que sus trabajadores puedan desempeñar sus funciones en condiciones seguras.
Este último principio está directamente relacionado con la obligación de seguridad reconocida en la sentencia.
Cuando se produce un accidente laboral, también puede intervenir el sistema de Seguro de Compensación por Accidentes Laborales (労災保険, rōsai hoken), que contempla prestaciones por lesiones, tratamientos, incapacidades y otras consecuencias previstas por la legislación.
Sin embargo, conviene distinguir dos mecanismos jurídicos:
La compensación del seguro laboral corresponde a las prestaciones previstas por el sistema público de protección frente a accidentes de trabajo.
La indemnización por responsabilidad de la empresa puede reclamarse judicialmente cuando existen fundamentos legales para atribuir al empleador responsabilidad por los daños ocasionados.
Ambos mecanismos tienen reglas diferentes y pueden relacionarse entre sí para evitar compensaciones duplicadas por un mismo perjuicio.
El precedente del Tribunal Supremo de 1997
La sentencia de Chiba también debe entenderse a partir de un criterio establecido por el Tribunal Supremo de Japón en 1997.
Según ese precedente, para determinar durante cuánto tiempo un extranjero habría podido trabajar en Japón deben examinarse circunstancias como el propósito de su llegada, su estatus migratorio y el período de residencia autorizado.
Por tanto, no existe una regla general que obligue a calcular los ingresos futuros de todos los trabajadores extranjeros exclusivamente con salarios japoneses hasta su jubilación.
Lo novedoso del caso de Chiba es la manera en que el tribunal aplicó ese criterio, valorando la experiencia profesional, el dominio del idioma y las posibilidades reales de progresar hacia una residencia laboral de larga duración.
¿Por qué los especialistas consideran importante esta decisión?
La abogada Tomo Tachibana, presidenta del Comité de Derechos de los Extranjeros del Colegio de Abogados de Chiba, explicó que numerosos precedentes judiciales habían limitado a unos pocos años el período de trabajo en Japón de los aprendices técnicos.
En esos casos, los tribunales solían calcular los ingresos posteriores suponiendo que el trabajador regresaría a su país de origen.
La resolución de Chiba adopta una perspectiva diferente: la condición migratoria inicial de una persona no determina necesariamente toda su trayectoria laboral futura.
Por su parte, el abogado Shōichi Ibusuki, especializado durante años en problemas relacionados con los trabajadores extranjeros, destacó otra consecuencia importante.
Cuando los tribunales consideran que un extranjero solamente permanecerá unos años en Japón, las cantidades que deben pagar las empresas responsables de accidentes pueden ser menores.
Reconocer adecuadamente los ingresos futuros puede contribuir a que las compañías asuman mayores responsabilidades económicas cuando incumplen sus obligaciones de seguridad.
Desde esta perspectiva, la sentencia podría favorecer una mayor atención a la prevención de accidentes en centros de trabajo que emplean personal extranjero.
¿Qué significa esta sentencia para los latinoamericanos que trabajan en Japón?
El caso puede resultar especialmente relevante para trabajadores de Perú, Brasil, Bolivia y otros países latinoamericanos que desarrollan actividades profesionales en fábricas, construcción, servicios y sectores asistenciales.
Su importancia no reside en que todos los extranjeros tengan automáticamente derecho a recibir indemnizaciones calculadas hasta los 67 años.
Cada reclamación depende de las circunstancias particulares del trabajador, de la gravedad de las lesiones, de sus perspectivas profesionales y de las pruebas presentadas.
No obstante, esta resolución demuestra que los tribunales pueden examinar la trayectoria de una persona más allá de las limitaciones temporales de su estatus migratorio inicial.
Para un trabajador extranjero que haya adquirido experiencia profesional, aprobado exámenes de japonés, obtenido certificaciones o desarrollado una carrera estable en Japón, esos elementos podrían resultar relevantes al momento de demostrar sus posibilidades futuras de empleo.
También es importante conservar contratos laborales, certificados profesionales, comprobantes de ingresos, documentación migratoria y registros médicos cuando se produce un accidente.
Estos documentos pueden contribuir a acreditar tanto las condiciones de trabajo como las consecuencias económicas de una lesión.
Una sentencia importante, pero todavía no definitiva
La compañía demandada ha presentado una apelación ante el Tribunal Superior de Tokio (東京高等裁判所).
Esto significa que la resolución del Tribunal de Distrito de Chiba todavía puede ser revisada y eventualmente confirmada, modificada o revocada.
Por esa razón, sería prematuro afirmar que Japón ha cambiado definitivamente su sistema de indemnizaciones para todos los trabajadores extranjeros.
Lo que sí muestra este caso es una interpretación judicial que reconoce que la vida profesional de un extranjero no necesariamente termina cuando vence su primera autorización de residencia.
La sentencia plantea una cuestión de fondo para una sociedad que depende cada vez más de trabajadores internacionales: cómo valorar justamente el futuro profesional de quienes han construido una trayectoria laboral en Japón.
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