La Policía sospecha que los investigados usaron teléfonos adquiridos para estafas y accedieron sin autorización a la cuenta de un empleado de unos 50 años. En un domicilio fueron incautados más de 50 smartphones.


📍Tokio | 11 de septiembre


Cuatro extranjeros, entre ellos el ciudadano vietnamita Chu Ngoc Hoang, fueron detenidos en Japón bajo sospecha de haber accedido de forma no autorizada, mediante un teléfono móvil, a la cuenta bancaria de un empleado de unos 50 años y transferido alrededor de ¥200.000 a otra cuenta.

Según la investigación, los teléfonos habrían sido adquiridos para ser utilizados en estafas. La Policía considera que Chu, señalado como posible responsable de dar instrucciones, pudo haber hecho que un ejecutor —que entonces era estudiante universitario— contratara teléfonos móviles de forma irregular a través de intermediarios.

Durante el registro de la vivienda de Chu, las autoridades incautaron más de 50 teléfonos móviles, entre otros objetos. El sospechoso ha declarado que no tiene conocimiento de los hechos.

La detención no equivale a una condena. Corresponderá a la Fiscalía decidir los cargos concretos tras revisar las pruebas, y a un tribunal determinar la responsabilidad penal si el caso llega a juicio.


Marco legal vigente y posibles sanciones


En Japón, acceder a la cuenta o al sistema de otra persona sin autorización puede constituir una infracción de la Ley de Prohibición de Accesos No Autorizados (Fusei akusesu kōi no kinshi nado ni kansuru hōritsu). Esta norma contempla, en principio, penas de hasta tres años de prisión o multas de hasta ¥1 millón, según los hechos acreditados.

Si se demuestra que el acceso fue utilizado para mover dinero o generar un beneficio patrimonial indebido, también podría analizarse la aplicación del delito de fraude mediante uso de computadora (denshi keisanki shiyō sagi), previsto en el Código Penal japonés. Su pena puede llegar hasta diez años de prisión. No obstante, las imputaciones definitivas en este caso no han sido anunciadas en la información proporcionada.

La contratación de líneas móviles con datos falsos o con fines delictivos también puede derivar en otras responsabilidades, pero sería prematuro afirmar qué delitos adicionales se investigan sin una comunicación oficial.


Contexto y recomendaciones prácticas


Los fraudes bancarios digitales suelen apoyarse en el robo de contraseñas, códigos de verificación o información personal. Ningún banco debería pedir por teléfono, mensaje o redes sociales que se revelen claves, PIN o códigos de un solo uso.

Si recibe una solicitud sospechosa, no abra enlaces ni instale aplicaciones indicadas por desconocidos. Contacte directamente con su banco mediante el número oficial y, si ya detectó una transferencia irregular, bloquee cuanto antes sus servicios bancarios y consulte a la Policía en el #9110, línea de atención para consultas no urgentes.

Para residentes extranjeros, es importante saber que prestar una cuenta bancaria, una tarjeta SIM o una dirección para operaciones de terceros puede implicar graves problemas legales. Si alguien ofrece dinero a cambio de abrir una línea o recibir transferencias, rechace la propuesta.



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