[tōsatsu] “Solo reducción de sueldo”

Autoridades defienden como “adecuada” la sanción disciplinaria pese al malestar público

📍Tōkyō | 29 de mayo 

La ciudad de Nanao, en la prefectura de Ishikawa, quedó bajo fuerte atención pública después de conocerse que un funcionario municipal de unos 50 años, con cargo equivalente a subjefe de sección dentro de la Junta de Educación, fue sancionado por haber tomado imágenes sin consentimiento de los pies de compañeras de trabajo durante horario laboral. Según la información difundida, los hechos señalados habrían ocurrido entre los años fiscales 2012 y 2022, dentro del ambiente laboral municipal.

La sanción aplicada fue una reducción de sueldo de tres meses, equivalente a una décima parte del salario. La ciudad explicó que investigó el caso, escuchó al funcionario y a personas cercanas al entorno laboral, y decidió la medida según sus propios criterios internos de disciplina. Sin embargo, en redes sociales surgieron críticas de ciudadanos que consideran que la sanción podría ser demasiado leve frente a una conducta de carácter sexual, repetida y cometida dentro de una institución pública.

De acuerdo con la explicación de la municipalidad, dos trabajadoras fueron reconocidas como afectadas y se mencionaron cuatro episodios concretos. En uno de ellos, el funcionario habría admitido completamente haber fotografiado desde el asiento del conductor los pies de una compañera que estaba en el asiento del pasajero de un vehículo. Sobre los otros casos, ocurridos presuntamente en una zona de descanso o cocina del lugar de trabajo, el hombre habría dicho que su memoria era “ambigua”, aunque reconoció haber entrado al lugar con una cámara.

El caso también generó preguntas por el tiempo que tardó en llegar a una sanción. Una de las afectadas habría consultado el asunto con un superior en agosto de 2023, pero la información llegó posteriormente al área de personal en mayo de 2024. La ciudad reconoció que el sistema de denuncia y consulta no fue suficiente, y prometió mejorar sus mecanismos internos para detectar y corregir este tipo de conductas con mayor rapidez.

Desde una perspectiva social, el caso toca un punto muy sensible en Japón: la confianza dentro del lugar de trabajo, el respeto a la privacidad y la responsabilidad de los funcionarios públicos. Aunque las víctimas no habrían presentado denuncia penal, la conducta descrita fue considerada por la propia ciudad como una falta disciplinaria. Para muchos residentes extranjeros, este caso recuerda que en Japón las acciones relacionadas con tōsatsu —grabación o fotografía oculta— pueden tener consecuencias laborales, civiles y, dependiendo del caso, penales.

Marco legal y posibles sanciones en Japón

En Japón, desde julio de 2023 existe una ley nacional específica contra la captación no autorizada de imágenes de naturaleza sexual, Seiteki shitai-tō satsuei-zai / 性的姿態等撮影罪. Esta norma sanciona, entre otros supuestos, la toma oculta y sin justificación de imágenes de partes íntimas, ropa interior u otras posturas sexuales. La pena puede llegar hasta 3 años de prisión o 3 millones de yenes de multa, según el tipo de conducta y las pruebas del caso.

En este caso específico, según el texto proporcionado, la ciudad aplicó una sanción administrativa, no una condena penal. Además, las dos trabajadoras afectadas no tendrían intención de presentar denuncia, y la municipalidad no habría comunicado el caso a la policía. Por eso, jurídicamente es importante distinguir entre sanción disciplinaria interna y proceso penal.

Reflexión

Este caso deja una pregunta incómoda para la sociedad japonesa: ¿qué tan protegida está realmente una persona dentro de su propio lugar de trabajo? Una oficina pública debería ser un espacio de confianza, respeto y seguridad, no un lugar donde una trabajadora tenga que preguntarse si está siendo observada, fotografiada o vulnerada sin su consentimiento.

La conducta descrita no debe verse como una simple “broma”, una “curiosidad” o un problema menor. La grabación o fotografía sin permiso afecta la dignidad de la víctima, rompe la confianza laboral y puede dejar una sensación persistente de inseguridad. Aunque no haya contacto físico, sí existe una invasión a la privacidad y una forma de violencia silenciosa.

También preocupa el tiempo que tomó llegar a una respuesta institucional. Cuando una denuncia tarda años en avanzar, el mensaje que recibe la víctima puede ser devastador: que su incomodidad no era urgente, que su voz no pesaba lo suficiente o que debía seguir trabajando en silencio. Por eso, más allá de la sanción concreta, el punto central es si las instituciones cuentan con canales rápidos, seguros y humanos para escuchar a quienes se sienten vulnerados.

Para los residentes extranjeros en Japón, este caso también sirve como recordatorio: el respeto a la privacidad no es solo una norma cultural, sino una responsabilidad legal y social. Fotografiar, grabar o compartir imágenes de otra persona sin consentimiento puede traer consecuencias serias. La convivencia en Japón exige discreción, respeto y conciencia de que el cuerpo, la imagen y la intimidad de una persona no son objetos de consumo.

La verdadera prevención no se logra solo con castigos después del daño. Se logra creando ambientes laborales donde todos sepan que la dignidad no se negocia, que las denuncias serán tomadas en serio y que ningún cargo, antigüedad o silencio institucional debe estar por encima de la seguridad de las víctimas.

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