• “Trabajo fácil, pago rápido”: la oferta que puede convertir tu cuenta bancaria en parte de un delito
• El nuevo método de las estafas en Japón: reclutan personas para mover dinero entre decenas de cuentas
📍Tokio | 5 de octubre
Una mujer de 29 años residente en Kobe, prefectura de Hyōgo, fue remitida hoy lunes a la fiscalía bajo sospecha de infringir la Ley de Prevención de la Transferencia de Ganancias delictivas —犯罪収益移転防止法— por realizar repetidamente transferencias de dinero a cambio de una remuneración.
Según la Policía de la Prefectura de Hyōgo, entre aproximadamente el 12 y el 16 de julio, la mujer habría recibido en su propia cuenta bancaria cerca de ¥1,76 millones y posteriormente distribuido ese dinero en 56 transferencias hacia 32 cuentas indicadas por terceros.
La investigación sostiene que parte del dinero procedía de víctimas de estafas especiales, o tokushu sagi (特殊詐欺), y que las transferencias habrían servido para mover y dispersar los fondos dentro de un esquema de lavado de dinero.
La oferta apareció como un trabajo en redes sociales
De acuerdo con la investigación, la mujer encontró en redes sociales (SNS) una oferta que prometía obtener dinero en poco tiempo. Tras contactar con la cuenta, recibió instrucciones para utilizar su propia cuenta bancaria y realizar transferencias a otros destinatarios.
La mujer habría recibido aproximadamente ¥31.000 como remuneración. Algunas informaciones señalan que se le presentó la actividad como un trabajo relacionado con el envío de “salarios” a terceras personas.
El caso salió a la luz después de que una institución financiera congelara su cuenta. La mujer acudió al banco y posteriormente consultó a la policía. Según la información difundida, habría admitido los hechos y señalado que pensaba seguir realizando las transferencias mientras su cuenta continuara funcionando.
Importante: se trata de una remisión del caso a la fiscalía (書類送検, shorui sōken), no de una sentencia de culpabilidad. La fiscalía deberá decidir posteriormente cómo proceder.
¿Qué cambió en la ley?
Japón reformó en junio de 2026 la Hanzaishūekiitenbōshihō (犯罪収益移転防止法), legislación destinada a impedir que cuentas bancarias y otros servicios financieros sean utilizados para mover ganancias procedentes de delitos.
La reforma fue promulgada el 10 de junio de 2026 y las nuevas disposiciones sobre el llamado, sōkin hanzai (送金犯罪) —“delito de transferencia de fondos”— entraron en vigor el 10 de julio de 2026.
La Agencia Nacional de Policía de Japón (NPA) explica que la reforma responde a una modalidad en la que las organizaciones criminales ya no necesitan comprar o apropiarse completamente de una cuenta bancaria. En su lugar, reclutan a su titular y le pagan para que mantenga la cuenta bajo su control pero transfiera a otras cuentas el dinero que recibe.
Aunque en redes y medios se utiliza mucho el término sōkin baito (送金バイト), literalmente “trabajo de transferencias”, la propia policía prefiere hablar de sōkin hanzai (送金犯罪) o “delito de transferencia”, para evitar que la palabra baito haga parecer la actividad como un empleo informal inocente.
Marco legal vigente y posibles sanciones
El nuevo artículo 32 contempla tanto a quien encarga este tipo de transferencias como, bajo determinados requisitos, a quien las ejecuta a cambio de una contraprestación.
No cualquier transferencia realizada por encargo constituye automáticamente un delito. La norma exige elementos concretos, entre ellos la ausencia de una razón legítima, que exista una contraprestación o beneficio, y, para el ejecutor, que conozca las circunstancias relativas al propósito de mover bienes controlados o destinados a ser controlados por quien realiza el encargo o por un tercero. La NPA también aclara que actividades normales —por ejemplo, determinados pagos familiares o empresariales legítimos— quedan fuera de esta figura.
La pena básica establecida para las conductas contempladas puede alcanzar hasta 2 años de prisión, una multa de hasta ¥3 millones, o ambas sanciones.
Cuando las transferencias se realizan de forma repetida y continuada —gyō to shite (業として) —, el máximo aumenta a 3 años de prisión, una multa de hasta ¥5 millones, o ambas.
Precisamente esta última modalidad es la que la Policía de Hyōgo atribuye a la mujer debido al número y continuidad de las operaciones. Según la policía, sería el primer caso en Japón detectado bajo la categoría de actividad repetida o continuada de este nuevo delito, por lo que conviene matizar que el carácter de “primer caso nacional” se refiere a esa modalidad específica.
¿Por qué importa para los extranjeros que viven en Japón?
El riesgo está en que estas ofertas pueden aparecer como un trabajo sencillo desde casa, una actividad de transferencia de salarios, ayuda administrativa o una manera rápida de ganar una comisión.
Sin embargo, recibir dinero de desconocidos en la cuenta personal y reenviarlo después a varias cuentas siguiendo instrucciones de alguien conocido únicamente por LINE, SNS o aplicaciones de mensajería es una señal de alarma especialmente importante.
La legislación no está dirigida específicamente a extranjeros. Se aplica con independencia de la nacionalidad. Tampoco existe información en este caso que indique que la mujer investigada sea extranjera.
Para los residentes en Japón, el problema práctico puede comenzar incluso antes de una eventual acusación penal: una entidad financiera puede detectar operaciones sospechosas y restringir o congelar la cuenta, como ocurrió en este caso.
¿Qué hacer ante una oferta similar?
- No permita que desconocidos utilicen su cuenta como punto de recepción de dinero.
- No acepte trabajos cuya única función sea recibir dinero y reenviarlo a otras cuentas a cambio de una comisión.
- Desconfíe especialmente de ofertas enviadas por SNS, LINE u otras aplicaciones que prometen dinero fácil o pagos por cada transferencia.
- No facilite números de cuenta, credenciales bancarias, contraseñas ni códigos de autenticación.
- Si ya recibió dinero sospechoso, no continúe transfiriéndolo y contacte cuanto antes con su banco y con la policía.
- Guarde mensajes, anuncios, nombres de cuentas y registros de conversaciones; pueden ser relevantes para aclarar cómo fue captado.
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