📍Tōkyō | 14 de mayo de 2025

La Policía Metropolitana de Tokio arrestó a cinco hombres de nacionalidad uzbeka bajo la sospecha de robo con violencia y lesiones graves (強盗傷害 gōtō shōgai), luego de una serie de incidentes ocurridos en zonas muy concurridas como Shibuya y Shinjuku.

Se sospecha que este grupo de jóvenes extranjeros actuaba de forma organizada y reincidente, seleccionando víctimas vulnerables, especialmente de noche, para asaltarlas, golpearlas y robarles.

Uno de los incidentes más graves tuvo lugar en diciembre de 2024, cuando la banda, liderada por Dunashov Hasanboi Maskamjon Ugli, de 21 años, se acercó a una mujer en la calle fingiendo un intento de conversación amistosa (una táctica conocida en Japón como “nanpa”).

Cuando un hombre intervino para proteger a la joven, los sospechosos lo golpearon violentamente en el rostro y luego le robaron una bolsa con 90,000 yenes en efectivo (unos 600 dólares), así como otros objetos personales. La víctima sufrió heridas en la cara.

Además del asalto físico, las investigaciones revelaron que los delincuentes utilizaron tarjetas de crédito robadas para comprar smartphones de alto valor, que luego revendían para obtener ganancias ilegales.

La policía cree que este modus operandi se repitió al menos en una decena de ocasiones, muchas veces contra personas que estaban dormidas en la calle, en estado de ebriedad o sin posibilidad de defensa.

Perfil y actitud de los detenidos

Los cinco sospechosos arrestados son hombres jóvenes, todos de nacionalidad uzbeka, quienes habrían ingresado a Japón recientemente.

El principal sospechoso, Dunashov, se ha negado a declarar hasta que llegue su abogado, ejerciendo su derecho al silencio.

Este comportamiento sugiere que podrían tener asesoría legal o que actúan bajo instrucciones para evitar autoincriminación.

La policía está investigando si los crímenes forman parte de una red internacional más grande, lo cual agravaría aún más la situación jurídica de los detenidos.

Contexto social y preocupación pública

Este caso ha causado gran impacto entre los ciudadanos japoneses, ya que Shibuya y Shinjuku son zonas muy visitadas por jóvenes, mujeres solas y turistas extranjeros.

La idea de que un grupo de migrantes actuara de manera sistemática, violenta y lucrativa ha levantado alertas en la población, sobre todo en un país que se enorgullece de tener una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo.

También existe preocupación por el uso de tácticas de engaño (como el nanpa), violencia en grupo, y aprovechamiento de personas vulnerables, lo que ha llevado a las autoridades a aumentar la vigilancia en zonas nocturnas.

Marco legal

Los crímenes cometidos por este grupo están tipificados en el Código Penal de Japón bajo las siguientes figuras:

1. Robo con violencia y lesiones (強盗傷害 / Gōtō Shōgai)

• Artículo 240 del Código Penal.

• Pena: de 6 años de prisión hasta cadena perpetua.

• Si la víctima sufre heridas graves, se considera un agravante importante.

2. Robo (窃盗 / Settō) y asalto agravado (暴行 / Bōkō)

• Robo simple: pena de hasta 10 años de prisión.

• Asalto con lesiones: pena de hasta 15 años, dependiendo del daño físico causado.

3. Fraude con tarjetas de crédito (詐欺 / Sagi)

• Por uso ilegal de tarjetas para adquirir productos: pena de hasta 10 años de prisión o multa de hasta 1 millón de yenes.

• La reventa de bienes obtenidos ilegalmente puede conllevar penas adicionales por receptación y comercio ilegal.

4. Asociación delictiva / crimen organizado (組織的犯罪)

• Si se demuestra que actuaban como una banda organizada, podrían enfrentar cargos bajo la Ley de Control del Crimen Organizado y Financiamiento del Terrorismo, lo cual agrava las penas y permite confiscación de bienes.

Además, como son extranjeros, en caso de condena firme, pueden ser deportados y se les podría prohibir el reingreso a Japón de por vida.

En síntesis

Este caso no solo es un reflejo de una grave violación de la seguridad ciudadana en zonas urbanas, sino también un llamado a reforzar los sistemas de vigilancia, integración y seguimiento de extranjeros que ingresan al país.

Mientras avanza la investigación, la policía seguirá buscando a posibles cómplices, rastreando los dispositivos vendidos ilegalmente y evaluando si estos actos están relacionados con otras bandas criminales internacionales.

Japón, que ha iniciado una apertura progresiva hacia trabajadores extranjeros en los últimos años, enfrenta ahora el desafío de mantener la armonía social y el orden público, sin caer en prejuicios ni generalizaciones, pero con firmeza ante el crimen organizado.

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