📍Roma | 21 de mayo de 2025
El Parlamento de Italia ha aprobado una reforma histórica a su ley de ciudadanía por descendencia («ius sanguinis»), limitando el derecho a heredar la nacionalidad exclusivamente a hijos y nietos de ciudadanos nacidos en su territorio.
Esta decisión ha provocado una ola de preocupación entre millones de personas, especialmente en América del Sur, donde vastas comunidades conservan lazos familiares y culturales con Italia desde hace generaciones.
Hasta ahora, Italia reconocía la nacionalidad a cualquier persona que pudiera probar ser descendiente de un italiano, sin límite generacional.
Esto significaba que incluso tataranietos podían aplicar, siempre que demostraran una línea continua de descendencia.
¿Qué cambia con esta nueva ley?
A partir del 27 de marzo de 2025, entran en vigor las siguientes restricciones:
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Solo dos generaciones: Solamente podrán solicitar la ciudadanía los hijos y nietos directos de un ciudadano italiano nacido en Italia.
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Residencia como vínculo efectivo: El progenitor italiano debe haber residido al menos dos años en Italia antes del nacimiento del solicitante.
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Centralización en Roma: Ya no se podrá solicitar la ciudadanía desde los consulados en el extranjero; todos los trámites serán canalizados por una oficina única en Roma.
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Plazo de gracia: Las solicitudes ingresadas antes del 27 de marzo de 2025 seguirán procesándose bajo la normativa anterior. Los menores nacidos antes de esa fecha tienen hasta marzo de 2026 para completar sus expedientes.
Motivos del gobierno italiano
La reforma fue impulsada por el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni, bajo el argumento de que el sistema anterior permitía que personas sin ningún «vínculo efectivo» con Italia accedieran a la ciudadanía, lo que —según el gobierno— estaba generando abusos, trámites fraudulentos e incluso tráfico de ciudadanía para acceder al pasaporte europeo.
Antonio Tajani, Ministro de Asuntos Exteriores, declaró:
“La ciudadanía no puede ser una herencia infinita como si fuera un objeto. Debe estar vinculada al sentimiento de pertenencia y al conocimiento real de Italia.”
¿A quién afecta esta medida?
Esta ley golpea principalmente a países como:
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Argentina, donde se estima que más de 20 millones de personas tienen algún grado de ascendencia italiana.
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Brasil, con más de 30 millones de descendientes italianos.
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Uruguay, Chile y Venezuela, también con comunidades importantes que han tramitado o piensan tramitar la ciudadanía italiana.
Miles de familias que han conservado sus raíces, cultura, y apellidos italianos verán cerrada la puerta para transmitir la ciudadanía a sus hijos o nietos más allá de la tercera generación.
Marco legal anterior y el cambio
Antes
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Ley n.º 91/1992 reconocía el derecho a la ciudadanía por sangre sin límite de generaciones, siempre que no se haya perdido en el camino por naturalización en otro país.
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Permitía tramitar desde consulados en el extranjero con actas de nacimiento, defunción, y no naturalización.
Ahora
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Se impone un límite generacional explícito y un criterio subjetivo: “vínculo efectivo”.
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El Estado italiano recupera el control de los procesos desde Roma, alegando irregularidades en los consulados, especialmente en América Latina.
Comparación con Japón
Reacciones desde Sudamérica
Organizaciones de italianos en el extranjero y abogados de inmigración han criticado la medida, señalando que:
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Rompe un lazo histórico con millones que han mantenido vivo el idioma, las tradiciones y los valores italianos.
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Se impone una barrera elitista y discriminatoria, pues muchas personas no pueden residir dos años en Italia para «validar» su vínculo.
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Puede impactar económicamente a Italia, que ha recibido remesas, turismo e incluso retornos de descendientes.
Reflexión final
Esta ley marca un cambio profundo en la política identitaria de Italia: pasar de una nación extendida en el mundo a un Estado más cerrado, exigente y selectivo.
Para muchos sudamericanos con apellidos italianos, el reloj ha empezado a correr.
Ahora, quienes deseen obtener la ciudadanía deben actuar con urgencia, antes de que se cierre definitivamente la puerta a su derecho histórico.
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