Las salidas definitivas de titulares del estatus “Gestión y Administración” aumentaron durante el primer semestre de 2026.
📍Tokio | 3 de septiembre
Un total de 953 residentes extranjeros con el estatus de residencia “Gestión y Administración” salió de Japón entre enero y junio de 2026 sin completar el procedimiento necesario para regresar manteniendo su residencia, según datos de la Agencia de Servicios de Inmigración de Japón (ISA).
En términos migratorios, esto significa que esas personas abandonaron efectivamente su residencia bajo ese estatus. La cifra equivale a casi cuatro veces la registrada durante el mismo periodo de 2025.
El aumento coincide con la entrada en vigor, el 16 de octubre de 2025, de requisitos más estrictos para obtener o renovar este permiso. Sin embargo, los datos de salida no permiten afirmar que las 953 personas se marcharon exclusivamente por la reforma: pueden existir razones económicas, familiares o personales que no aparecen desglosadas.
Las salidas aumentaron mes a mes
Entre enero y septiembre de 2025, alrededor de 40 titulares mensuales salían del país sin permiso de reingreso. En noviembre, primer mes completo bajo las nuevas reglas, la cifra subió a 80 y en diciembre llegó a 114.
El dato más reciente, correspondiente a junio de 2026, alcanzó las 226 personas, casi el doble que en diciembre.
La estadística no equivale a deportaciones ni a cancelaciones colectivas de visas. Registra salidas sin el trámite que permite conservar el estatus de residencia para regresar a Japón.
¿Qué exige ahora la visa de Gestión y Administración?
La residencia Keiei–Kanri (経営・管理), está destinada a extranjeros que dirigen o administran negocios en Japón. Con la reforma, el capital o inversión empresarial exigido aumentó de 5 millones a 30 millones de yenes.
Además, la empresa debe emplear al menos a un trabajador a tiempo completo que pertenezca a una categoría admitida por la normativa, como un ciudadano japonés, residente permanente, residente de larga duración o cónyuge de japonés o de residente permanente. No cualquier visa laboral permite cubrir esta obligación.
También se incorporaron requisitos relacionados con:
- Capacidad en japonés del solicitante o de un empleado.
- Formación académica o experiencia en gestión.
- Revisión especializada del plan empresarial.
- Existencia de una oficina real y apropiada.
- Cumplimiento tributario, laboral y de la seguridad social.
Los detalles oficiales y las preguntas frecuentes pueden consultarse en la página de la Agencia de Servicios de Inmigración sobre la reforma.
Periodo transitorio hasta octubre de 2028
Quienes ya tenían este estatus antes de la reforma cuentan con un periodo transitorio de tres años, hasta el 16 de octubre de 2028.
Durante ese plazo, al solicitar una renovación, deberán demostrar que cumplen las nuevas condiciones o presentar una vía concreta para alcanzarlas. Tener un capital inferior a 30 millones de yenes no supone automáticamente el rechazo durante esta etapa.
La ISA indica que evaluará cada expediente de manera integral, considerando la situación financiera, la continuidad y realidad del negocio, el cumplimiento de obligaciones públicas y las posibilidades de adaptación. Esta redacción deja cierto margen de interpretación, por lo que todavía habrá que observar cómo se aplican los criterios en casos concretos.
Preocupación entre los pequeños negocios
Reunir los 30 millones de yenes constituye el principal obstáculo para muchos de sus clientes.La presión también alcanza a pequeños restaurantes y establecimientos que llevan años funcionando en Japón, entre ellos negocios de comida india o nepalesa. Algunos propietarios podrían optar por cerrar; otros estudian transferir la administración, continuar como empleados o solicitar otro estatus de residencia compatible con su nueva actividad.
Una encuesta de Tokyo Shoko Research, realizada entre 299 empresas dirigidas por extranjeros, encontró que el 45,2 % esperaba algún grado de impacto y el 5,3 % contemplaba cerrar. La encuesta refleja expectativas empresariales, no cierres ya confirmados. Tokyo Shoko Research
A finales de 2025, Japón tenía 46.781 residentes con este estatus, casi 20.000 más que cinco años antes. Aproximadamente la mitad eran ciudadanos chinos, según los datos incluidos en la información original.
Marco legal y posibles consecuencias
No alcanzar los 30 millones de yenes durante el periodo transitorio no constituye por sí mismo un delito ni genera automáticamente una multa. La consecuencia migratoria dependerá de la evaluación de la renovación.
Si la solicitud fuera rechazada, la persona no podría continuar indefinidamente en Japón bajo Gestión y Administración. Tendría que estudiar otra categoría de residencia, impugnar la decisión por las vías disponibles o salir del país dentro del plazo autorizado.
Distinta sería una situación con documentos falsos, una empresa ficticia o declaraciones fraudulentas. Esas conductas pueden provocar la denegación o revocación del estatus y, dependiendo del caso, procedimientos migratorios o responsabilidades penales. La reforma buscó precisamente reforzar los controles frente a empresas sin actividad real.
Recomendaciones para empresarios extranjeros
- No espere hasta 2028 para revisar su situación financiera y laboral.
- Solicite una evaluación individual antes de la próxima renovación.
- Prepare estados contables, contratos, nóminas, pagos de impuestos y comprobantes de seguridad social.
- Verifique si el trabajador contratado pertenece a una categoría aceptada.
- No transfiera formalmente la dirección de la empresa sin comprobar las consecuencias societarias, laborales y migratorias.
- Consulte a un gyōseishoshi (行政書士) especializado en inmigración. Para asuntos societarios o tributarios también puede necesitar un abogado, contador o asesor fiscal.
- Antes de salir de Japón, confirme si necesita un permiso de reingreso o si puede utilizar el sistema especial de reingreso.
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