Impondrá multas a quienes permanezcan o trabajen ilegalmente en Japón y otros países
📍Hanói | 19 de agosto
En un movimiento legislativo sin precedentes para frenar la alta tasa de abandono laboral y permanencia indocumentada de sus ciudadanos en el extranjero, el Gobierno de Vietnam oficializó el Decreto Núm. 283/2026/NĐ-CP (firmado el 15 de julio de 2026). La nueva normativa, que entrará en vigor el próximo 10 de septiembre de 2026, establece duras sanciones financieras tanto para los trabajadores que caigan en la irregularidad migratoria como para las redes ilegales de intermediarios (brokers) que lucran con la contratación abusiva.
Según lo estipulado en la resolución gubernamental, los trabajadores vietnamitas que se queden intencionadamente de manera ilegal en el extranjero tras la finalización o rescisión de sus contratos laborales enfrentarán multas administrativas que van desde los 80 millones hasta los 100 millones de dongs vietnamitas (aproximadamente entre 480.000 y 600.000 yenes japoneses). Esta medida busca desincentivar la práctica recurrente del «escape» o deserción laboral, un fenómeno especialmente visible en el archipiélago japonés.
El flagelo de las deserciones en Japón y el rol de las «mafias de reclutamiento»
Durante los últimos años, la comunidad vietnamita se ha consolidado como uno de los grupos de residentes extranjeros más numerosos e importantes para la economía japonesa, desempeñando labores clave en la construcción, agricultura, manufactura y cuidado de personas. Sin embargo, el sistema de prácticas técnicas conocido en Japón como Ginō Jisshūsei (技能実習生) ha sido objeto de severas críticas debido a las difíciles condiciones laborales, bajos salarios y restricciones para cambiar de empleador que enfrentaban muchos aprendices.
Esta rigidez del sistema impulsó a miles de trabajadores a abandonar sus puestos designados (shissō) para buscar empleos mejor remunerados en el mercado negro, incentivados por intermediarios informales. Los brokers abusivos prometían elevados ingresos, pero terminaban sumiendo a los migrantes en la vulnerabilidad extrema, la explotación y la ilegalidad administrativa (fukō shūro).
Con la entrada en vigencia del Decreto 283/2026/NĐ-CP, Hanói ataca directamente la raíz del problema al penalizar con dureza el entramado ilegal de intermediación. Las multas para empresas u organizaciones mediadoras sin la correspondiente autorización oficial o licencia de despacho van desde los 80 millones hasta los 200 millones de dongs (entre 480.000 y 1.200.000 yenes).
Entre las conductas sancionadas de forma específica por las autoridades vietnamitas se incluyen:
La realización de publicidad, consultas o reclutamiento de personal sin contar con la debida licencia ministerial.
El cobro irregular de dinero o la selección ilícita de trabajadores para ser enviados al extranjero.
Engañar, persuadir o incitar a los trabajadores para que abandonen sus lugares de trabajo oficiales o permanezcan como indocumentados.
La falsificación de licencias de envío de personal al exterior.
Las actividades de despacho no autorizadas realizadas por sucursales fuera del alcance o plazo permitido por la empresa matriz.
Asimismo, la normativa contempla medidas cautelares adicionales, exigiendo a los intermediarios infractores la devolución total del dinero cobrado indebidamente a los trabajadores, junto con los intereses devengados.
Qué significa para los residentes en Japón
Para los trabajadores y aprendices técnicos vietnamitas: A partir del 10 de septiembre de 2026, cometer una infracción migratoria en Japón —como quedarse tras el vencimiento del visado (chōki taizai) o abandonar el empleo patrocinado para trabajar sin permiso (fukō shūro)— implicará consecuencias legales no solo en territorio japonés (deportación o veto de reingreso), sino también un castigo económico directo al regresar a Vietnam.
Para los empleadores y empresas japonesas: La regulación vietnamita se suma a los esfuerzos de Japón por ordenar la migración laboral. Las empresas contratantes deberán asegurarse de colaborar únicamente con agencias de envío (sokuridashi kikan) con licencias gubernamentales vigentes y actualizadas, garantizando que el reclutamiento sea ético y transparente.
Para la comunidad hispanohablante y residentes extranjeros en general: Este marco legal sirve como un recordatorio fundamental de la importancia de mantener un estatus de residencia legal (zairyū shikaku). Asimismo, pone de manifiesto el endurecimiento de los controles bilaterales entre Japón y los países de origen para erradicar el trabajo no regulado y combatir las redes de estafas laborales.
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