Dos visiones enfrentadas: fuerza total vs. Estado de derecho
📍Ciudad de México | 7 de enero
El debate sobre cómo enfrentar al narcotráfico volvió a tensar la relación política entre México y Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump al centro del escenario electoral. Desde su campaña, Trump ha retomado una narrativa dura: propone designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y plantea el uso directo de la fuerza militar para combatirlos, incluso más allá de la frontera estadounidense. Estas declaraciones, que ya había esbozado durante su primer mandato, reactivaron viejas fricciones diplomáticas.
La respuesta desde México fue clara y frontal. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó tajantemente cualquier idea de “declarar la guerra” al narcotráfico, subrayando que ese enfoque no solo es ilegal en el marco constitucional mexicano, sino que reproduce una lógica autoritaria que —en sus palabras— se acerca al fascismo. Aunque evitó un enfrentamiento personal directo, su mensaje fue leído como una réplica política a Trump y a su visión de seguridad basada en la fuerza militar.
El trasfondo de esta discusión tiene raíces profundas. Entre 2006 y 2012, México vivió una estrategia conocida como la “guerra contra el narco”, impulsada por el entonces presidente Felipe Calderón, que dejó decenas de miles de muertos y una fuerte militarización de la seguridad pública. Ese periodo marcó a la sociedad mexicana y consolidó un amplio consenso político —al menos en el discurso— de que la violencia no puede combatirse solo con más violencia. Sheinbaum, heredera política del proyecto de la llamada “Cuarta Transformación”, se apoya en ese antecedente para justificar su rechazo a cualquier narrativa bélica.
Trump, por su parte, ha insistido en que la crisis del fentanilo y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos justifican medidas “extraordinarias”. En mítines y entrevistas, ha acusado a México de no hacer lo suficiente y ha sugerido que Washington debería actuar de manera unilateral si es necesario. Estas afirmaciones han generado preocupación en sectores diplomáticos y de seguridad, tanto en México como en Estados Unidos, por el riesgo de una escalada política y legal.
Sheinbaum ha respondido defendiendo la soberanía mexicana y recordando que la lucha contra el crimen organizado debe realizarse dentro del Estado de derecho, con cooperación bilateral, inteligencia financiera, control de armas y políticas sociales. Para su gobierno, hablar de “guerra” no solo es jurídicamente incorrecto —porque el enemigo no es un Estado extranjero— sino también peligroso, ya que normaliza la excepcionalidad y el uso desmedido de la fuerza.
El choque entre ambas posturas no es solo retórico: refleja dos visiones opuestas sobre seguridad, democracia y derechos humanos. Mientras Trump apela al discurso de fuerza total y urgencia electoral, Sheinbaum busca marcar distancia, tanto del pasado mexicano de militarización como de la presión política estadounidense. En un contexto electoral en EE. UU. y de redefinición del liderazgo regional, esta discusión anticipa que el tema del narcotráfico seguirá siendo uno de los puntos más delicados —y explosivos— en la relación bilateral.
⚖️ Marco legal clave
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Constitución de México: No existe la figura de “guerra interna” contra grupos criminales; la guerra solo se declara frente a otros Estados.
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Seguridad pública: Debe regirse por leyes civiles y controles institucionales, no por una lógica bélica permanente.
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Fuerzas Armadas: Pueden apoyar tareas de seguridad, pero bajo límites legales y temporales.
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Derechos humanos: Estrategias de guerra interna aumentan el riesgo de abusos, algo expresamente prohibido por la ley mexicana y tratados internacionales.
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