Washington endurece su política migratoria mientras surge una pregunta inevitable entre los extranjeros residentes en Japón: ¿podría Tokio retirar permisos y ordenar deportaciones de manera parecida?
📍Washington | 11 de agosto / 📍Tokio | 11 de agosto
La política migratoria estadounidense vuelve a endurecerse… y esta vez las cifras llaman la atención.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el 10 de agosto de 2026 que, desde el inicio de la segunda administración de Donald Trump, en enero de 2025, se han revocado más de 175.000 visas de extranjeros.
¿Las razones? Hay de todo: incumplimiento de las condiciones de la visa, fraude, actos violentos, conducción bajo los efectos del alcohol y también casos relacionados con el denominado “turismo de parto”.
No es una cifra menor.
Ya a finales de 2025, Washington había informado que las cancelaciones superaban las 100.000 visas de no inmigrante. Ahora, unos meses después, el número ha dado otro salto y rebasa las 175.000.
El mensaje de las autoridades estadounidenses es bastante directo: seguirán identificando, investigando y retirando visas a extranjeros que, según sus criterios y la legislación vigente, incumplan las condiciones de ingreso o representen un riesgo para la seguridad pública.
Y claro… desde Japón surge inmediatamente otra pregunta.
¿Japón podría hacer lo mismo?
La respuesta corta es: sí, pero no exactamente de la misma manera.
Y aquí conviene detenernos un momento porque existe una diferencia que suele generar bastante confusión entre los residentes extranjeros.
En Japón, una visa y un estatus de residencia no son lo mismo.
La ビザ —biza—, es decir, la visa japonesa, es normalmente expedida por una embajada o consulado en el extranjero. Sirve para presentarse ante el control migratorio y solicitar la entrada al país.
Pero ojo: tener una visa no significa automáticamente tener derecho a entrar a Japón.
La decisión final la toma el control migratorio cuando la persona llega al aeropuerto o puerto japonés.
Una vez que se autoriza la entrada, lo realmente importante para quien vive aquí pasa a ser el 在留資格 —zairyū shikaku—, es decir, el estatus de residencia.
Ese es el permiso que determina qué puede hacer la persona en Japón, cuánto tiempo puede permanecer y bajo qué condiciones.
Dicho de forma sencilla: la visa sirve principalmente para llegar a la puerta. El estatus de residencia es lo que permite quedarse dentro.
Antes y después de entrar a Japón
Esta diferencia cambia completamente la comparación con Estados Unidos.
Antes de ingresar a Japón, las autoridades japonesas pueden rechazar una solicitud de visa, cancelar una visa todavía no utilizada o impedir la entrada si el viajero no cumple los requisitos establecidos.
Una visa válida, por sí sola, no garantiza el ingreso.
Pero una vez que el extranjero ya vive en Japón, la situación cambia.
En ese momento, más que hablar de “cancelar la visa”, lo correcto es hablar de revocar el estatus de residencia, iniciar un procedimiento de deportación o, dependiendo del caso, negar una renovación o una futura autorización migratoria.
Y sí… Japón ya utiliza esos mecanismos.
Japón ya retira estatus de residencia
No estamos hablando solamente de una posibilidad escrita en la ley.
Durante 2025, la Agencia de Servicios de Inmigración de Japón informó que fueron revocados 1.446 estatus de residencia.
De ese total, 973 casos —el 67,3 %— correspondieron al programa de Practicante Técnico, 技能実習 (ginō jisshū).
Ahora bien, cuidado con comparar directamente ambas cifras.
Decir que Estados Unidos anuló más de 175.000 visas mientras Japón revocó 1.446 estatus de residencia sería mezclar dos estadísticas diferentes.
Estados Unidos está contabilizando principalmente visas canceladas.
Japón, en cambio, está hablando de personas que ya habían ingresado y poseían un estatus de residencia, pero posteriormente lo perdieron por alguna de las causales previstas en la legislación japonesa.
Son cosas distintas.
¿Cuándo puede Japón quitarte el estatus de residencia?
El principal mecanismo está recogido en el artículo 22-4 de la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados, conocida habitualmente como 入管法 —nyūkan-hō—.
Entre las situaciones que pueden terminar en una revocación del estatus de residencia aparecen, por ejemplo:
- Obtener el permiso utilizando documentación falsa o información engañosa.
- Declarar que se realizará una actividad en Japón y, en realidad, hacer otra distinta.
- Dejar durante determinados períodos de realizar la actividad vinculada al estatus de residencia sin una razón justificable.
- Incumplir determinadas obligaciones relacionadas con el registro del domicilio.
Pero hay algo importante…
En Japón, la retirada del estatus no debería producirse simplemente apretando un botón.
Antes de tomar una decisión de este tipo, el sistema contempla procedimientos en los que el extranjero afectado puede explicar su situación y presentar sus argumentos.
Es decir, existe un proceso.
¿Cometer un delito significa perder automáticamente la residencia?
No.
Y esta es quizá una de las aclaraciones más importantes para los extranjeros que viven en Japón.
Ser detenido, recibir una multa o cometer una infracción no significa automáticamente que al día siguiente desaparezca tu zairyū card.
Hay que estudiar qué ocurrió, qué delito se cometió, cuál fue la sentencia, qué estatus migratorio tiene la persona y si el caso encaja en alguna de las causales establecidas por la legislación.
Sin embargo… eso tampoco significa que no haya consecuencias.
Una condena penal grave sí puede terminar desencadenando un procedimiento de deportación.
Incluso una persona con residencia permanente —永住者— puede quedar sujeta a deportación si incurre en determinadas causales contempladas en la Ley de Inmigración.
La residencia permanente, dicho claramente, no significa inmunidad ante la ley.
¿Y si un extranjero conduce ebrio?
Aquí encontramos una diferencia interesante con el anuncio estadounidense.
En Estados Unidos, el Departamento de Estado ha mencionado expresamente la conducción bajo los efectos del alcoholentre los motivos relacionados con algunas revocaciones de visas.
En Japón, un caso de 飲酒運転 —inshu unten— no significa automáticamente que Migraciones retire el estatus de residencia.
Primero entra en juego la legislación penal y de tránsito.
Después, dependiendo de la gravedad, de la condena y de las circunstancias personales y migratorias del extranjero, podría existir además una consecuencia en materia de inmigración.
Cada caso se analiza de manera individual.
Marco legal y posibles sanciones en Japón
| Situación | Posible consecuencia |
|---|---|
| Obtener el estatus mediante documentos o declaraciones falsas | Puede producirse la revocación del estatus de residenciaconforme a la Ley de Inmigración. |
| Dejar de realizar durante el período previsto la actividad correspondiente al estatus, sin causa justificada | Puede iniciarse un procedimiento para retirar el estatus de residencia. |
| Permanecer en Japón después de vencer el período autorizado | Puede derivar en deportación, orden de salida y responsabilidad penal, dependiendo del caso. |
| Permanencia ilegal y determinadas infracciones graves de la Ley de Inmigración | La legislación contempla, según el supuesto, penas de prisión y multas, además de consecuencias migratorias. |
| Trabajar fuera de las actividades permitidas sin autorización | Puede haber sanciones migratorias y penales, según la gravedad del caso. |
| Ser objeto de deportación | Puede provocar una prohibición temporal para volver a entrar en Japón. |
| Utilizar el sistema especial de 出国命令 —shukkoku meirei— | En los casos que cumplen los requisitos, puede aplicarse una prohibición de reingreso más corta que en una deportación ordinaria. |
¿Qué ocurre con el “turismo de parto” en Japón?
Aquí la comparación entre Estados Unidos y Japón prácticamente se rompe.
En Estados Unidos, el llamado “turismo de parto” está relacionado con el debate sobre la ciudadanía que puede adquirir un niño nacido en territorio estadounidense.
En Japón, las reglas son diferentes.
Nacer en Japón no convierte automáticamente al bebé en ciudadano japonés.
Japón aplica principalmente el principio de nacionalidad por filiación.
En términos sencillos: un niño obtiene normalmente la nacionalidad japonesa cuando su padre o su madre es japonés, además de algunas situaciones excepcionales previstas por la ley.
Por eso, viajar a Japón con la idea de que un bebé nacido aquí recibirá automáticamente un pasaporte japonés no funciona.
No existe ese automatismo.
Entonces… ¿Japón podría lanzar una campaña como la de Estados Unidos?
Sí puede endurecer su política migratoria, porque muchas de las herramientas jurídicas ya existen.
Japón puede reforzar la revisión de solicitudes, investigar posibles fraudes, negar entradas, retirar estatus de residencia cuando existan las causales legales e iniciar procedimientos de deportación.
Incluso podría intensificar los controles sin necesidad de crear desde cero una nueva estructura legal.
Pero eso no significa que el Gobierno pueda anunciar, de la noche a la mañana, algo como:
“Todo extranjero que sea detenido perderá automáticamente su residencia”.
No funciona así.
Una pelea, una infracción de tránsito o una detención no producen automáticamente la cancelación del estatus de residencia.
Para quien ya vive en Japón, deben cumplirse las condiciones concretas establecidas por la Ley de Inmigración, y deben seguirse los procedimientos correspondientes.
Ahí está la gran diferencia.
Estados Unidos puede hablar de “revocar visas” de manera masiva.
En Japón, para buena parte de los residentes extranjeros, la cuestión jurídica realmente importante sería otra: ¿existen motivos legales para retirar su zairyū shikaku o para iniciar una deportación?
Y esa respuesta depende de cada caso.
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