TOKIO.- El caso de Kitagawa Kentaro ha generado un fuerte debate sobre la justicia para las víctimas de agresión sexual, especialmente dentro de las instituciones gubernamentales.
Los simpatizantes de la fiscal que acusa a Kitagawa de violación entregaron una petición con decenas de miles de firmas al Ministerio de Justicia, exigiendo una investigación exhaustiva.
Contexto del caso
El exjefe de la Fiscalía del Distrito de Osaka, Kitagawa Kentaro, de 60 años, fue arrestado y acusado de haber violado a una subordinada en 2018.
El ataque ocurrió después de una reunión con varios colegas para celebrar su nombramiento como fiscal jefe de Osaka.
La víctima, quien en ese momento también era fiscal, asegura que estaba demasiado ebria para resistirse cuando sucedió la agresión.
Kitagawa la acompañó en taxi hasta su residencia oficial y, una vez allí, abusó sexualmente de ella.
A pesar de que la mujer expresó resistencia, él ignoró sus negativas y llegó a decirle: «Ahora eres mi mujer».
Posteriormente, intentó silenciarla para evitar que denunciara el hecho.
En octubre de 2023, durante su primera audiencia, Kitagawa se disculpó públicamente, admitió el daño causado y aceptó los cargos.
Sin embargo, en diciembre cambió su versión y su defensa argumentó que no sabía que la víctima no podía oponerse, por lo que creyó que había consentimiento.
Este giro en su estrategia legal generó indignación pública y llevó a la víctima a dar una conferencia de prensa al día siguiente, ocultando su identidad.
Entre lágrimas, declaró a los medios que su relación con Kitagawa era estrictamente profesional y que, al momento del ataque, estaba demasiado ebria para defenderse.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Superior de Osaka este año, lo que llevó a la apertura de una investigación en abril de 2024.
En junio, Kitagawa fue arrestado y en un inicio negó las acusaciones, insistiendo en que «creyó contar con el consentimiento». No obstante, a medida que avanzó el proceso judicial, terminó por admitir los cargos.
Perfil del acusado
Kitagawa tiene una amplia trayectoria en el sistema judicial japonés. Se convirtió en fiscal en 1985 y trabajó principalmente en la región de Kansai, llegando a ocupar cargos de alto nivel como fiscal jefe de la Fiscalía del Distrito de Naha y director del Departamento de Supervisión e Inspección de la Fiscalía Suprema.
Se retiró en noviembre de 2019 y desde entonces trabajaba como abogado, además de desempeñarse como director externo y auditor en varias empresas.
Petición y reacción del Ministerio de Justicia
Sus seguidores entregaron una petición con 58,000 firmas solicitando una investigación profunda para garantizar la justicia y dignidad de la fiscal afectada.
La activista Yamazaki Yukiko, una de las organizadoras, informó que el Ministerio de Justicia recibió la petición, pero no ofreció comentarios inmediatos.
Un funcionario del ministerio confirmó la recepción del documento, aunque se desconoce si habrá una respuesta formal o acciones adicionales por parte de las autoridades.
Relevancia y análisis
Este caso pone en evidencia los desafíos en Japón en cuanto al acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual.
Las leyes japonesas sobre agresión sexual han sido criticadas por ser demasiado permisivas, exigiendo a menudo pruebas de resistencia activa por parte de la víctima para que el caso sea considerado violación.
En los últimos años, Japón ha experimentado un movimiento creciente de denuncias de violencia sexual, con casos mediáticos como el de Itō Shiori, una periodista que fue agredida por un influyente periodista vinculado al gobierno.
Su caso ayudó a impulsar una reforma legal en 2023 que amplió la definición de violación en Japón.
Sin embargo, el caso de Kitagawa demuestra que siguen existiendo barreras estructurales y culturales que dificultan que las víctimas obtengan justicia, especialmente cuando el agresor es una figura poderosa dentro del sistema judicial.
Conclusión
La entrega de la petición de varios miles de firmas refleja una creciente presión pública para que el caso sea tratado con la debida seriedad.
Queda por ver si el Ministerio de Justicia tomará nuevas medidas o si el caso de Kitagawa se convertirá en otro ejemplo de impunidad dentro del sistema judicial japonés.
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