Sin embargo, el tribunal rechazó su demanda contra el Estado nacional, lo que deja sin reparación una parte importante del daño causado.
📍Tōkyō | 17 de Julio de 2025
Tras haber pasado 12 años en prisión por un crimen que no cometió, Nishiyama Mika (西山美香), exasistente de enfermería hoy de 45 años, recibió una compensación parcial por parte del Estado japonés. 
Este jueves, el Tribunal de Distrito de Ōtsu (Ōtsu chisai, 大津地裁) falló que la policía de Shiga violó la legalidad al inducir su confesión, y ordenó a la prefectura de Shiga pagarle 31 millones de yenes (unos 200 mil dólares) en concepto de daño moral y responsabilidad estatal.
Sin embargo, el tribunal rechazó su demanda contra el Estado nacional, lo que deja sin reparación una parte importante del daño causado.
👩⚕️ Una joven vulnerable convertida en “asesina”
En 2003, en el hospital Koto Kinen (Kotō kinenbyōin, 湖東記念病院) en la ciudad de Higashiōmi, prefectura de Shiga, un paciente falleció mientras estaba conectado a un respirador. Un año después, Mika Nishiyama, quien entonces trabajaba como asistente de enfermería, fue arrestada tras confesar que había retirado el respirador de forma intencional. En 2005, fue condenada a 12 años de prisión por asesinato.
Lo que en ese momento se consideró una confesión espontánea, con los años se reveló como el resultado de un interrogatorio manipulado, donde la joven —que tiene una discapacidad intelectual leve y rasgos de trastorno del desarrollo— fue vulnerable a la presión emocional.
Según su defensa, los policías explotaron incluso un vínculo emocional y de afecto que Nishiyama sentía por el investigador para inducir la confesión que más tarde la llevaría a prisión.
Cumplió íntegramente su condena y fue liberada en 2017.
⚖️ El giro judicial: la verdad sale a la luz
La revisión judicial comenzó tras nuevos hallazgos forenses que indicaban que el paciente probablemente murió de causas naturales, y que no había pruebas objetivas de que se hubiera retirado el respirador. En diciembre de 2017, la Corte de Apelaciones de Osaka ordenó reabrir el caso (Saishin kaishi kettei, 再審開始決定).
En 2020, el Tribunal de Otsu la absolvió de todos los cargos, confirmando que la confesión fue inducida y que no existía evidencia suficiente de homicidio.
💥 La demanda por responsabilidad estatal: qué pedía Nishiyama
Tras ser absuelta, Nishiyama presentó una demanda de indemnización por daños (国家賠償請求訴訟, kokka baishō seikyū soshō) de 55 millones de yenes contra:
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La prefectura de Shiga, por la actuación de la policía en los interrogatorios.
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El Estado nacional, por la actuación de la fiscalía y del Ministerio Público.
Sus abogados alegaron que:
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La policía indujo su confesión usando su discapacidad y su dependencia emocional hacia un oficial.
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Ocultaron informes médicos que mostraban que el paciente pudo haber muerto naturalmente.
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La fiscalía decidió acusarla sabiendo que la prueba era débil y que la confesión era dudosa.
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Tras su liberación, el Ministerio Público presentó un “tokubetsu kōkoku” (特別抗告), un recurso especial sin fundamentos, solo para dilatar la reapertura del juicio.
🧑⚖️ El fallo: ilegalidad policial, impunidad fiscal
El juez Ikeda Sōsukeconcluyó que la policía cometió actos ilegales, ya que:
“La señora Nishiyama tenía una alta sugestionabilidad debido a su condición, y los investigadores aprovecharon esa vulnerabilidad. El interrogatorio no fue imparcial”.
El tribunal reconoció que hubo una forma de “control psicológico” por parte de los investigadores, y que la policía elaboró una confesión a su medida. Por eso, ordenó a la prefectura de Shiga pagar 31 millones de yenes.
Sin embargo, rechazó la responsabilidad de los fiscales, al considerar que:
“La decisión de acusar, aunque pueda debatirse, no fue claramente irrazonable bajo el estándar legal exigido”.
Este fallo ha sido criticado por expertos, ya que la fiscalía tuvo acceso a pruebas exculpatorias y mantuvo la acusación incluso cuando la versión de los hechos se debilitaba cada vez más.
📚 Marco legal
🏛️ ¿En qué se basa la compensación?
La demanda se fundamentó en la Ley de Responsabilidad Estatal por Daños (国家賠償法, Kokka Baishō Hō), que establece que:
Artículo 1: El Estado o entidad local debe indemnizar cuando un funcionario, en el ejercicio de su función pública, cause daño a otro por negligencia o acto ilegal.
Además, el Código Penal japonés establece que las confesiones inducidas, obtenidas bajo coacción o presión emocional carecen de validez, de acuerdo con:
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Artículo 319 del Código de Procedimiento Penal: Las confesiones no serán válidas si se considera que fueron obtenidas de manera no voluntaria.
❗Importancia del caso
Este es uno de los pocos casos en Japón donde un tribunal reconoce responsabilidad estatal parcial por una condena errónea, aunque se mantiene la tendencia de exonerar a la fiscalía, lo cual ha generado críticas sobre la falta de control y revisión interna en los ministerios públicos.
🧵 Impacto y voz de la víctima
Aunque Nishiyama ha recibido parte del reconocimiento y compensación, no ha sido indemnizada completamente por los años perdidos, las consecuencias psicológicas y sociales de su condena, ni por la humillación pública.
Sus abogados declararon:
“Es inaceptable que el Estado no asuma ninguna responsabilidad cuando fue la fiscalía quien construyó y mantuvo un caso débil sabiendo que la confesión era inducida”.
Este caso pone en relieve los vacíos en el sistema judicial japonés cuando se trata de errores judiciales y derechos de personas con discapacidades intelectuales.
🧵 Contexto y relevancia social
Este caso ha generado un fuerte debate en Japón sobre:
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La validez de las confesiones obtenidas bajo presión, práctica todavía común en Japón.
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La vulnerabilidad de personas con discapacidad intelectual en entornos judiciales.
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La falta de mecanismos efectivos y rápidos de revisión judicial ante errores judiciales.
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La dificultad para obtener reparaciones completas incluso tras una exoneración.
Aunque la condena a la prefectura representa un paso importante, organizaciones defensoras de los derechos humanos insisten en que el Estado también debe asumir su responsabilidad.
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