Las 2.3 toneladas tenía responsable: un extranjero de nacionalidad turca quien ya fue detenido.
📍Tōkyō | 19 de noviembre
Un caso grave de contaminación ambiental sacudió este 19 de noviembre a la localidad de Moroyama, en la prefectura de Saitama, donde la policía detuvo a un hombre de nacionalidad turca bajo sospecha de vertido ilegal de desechos de demolición en un área montañosa.
Según informó la policía prefectural, el detenido es Edikiri Kursat, trabajador del sector de demoliciones. Se sospecha que en mayo de este año arrojó de forma clandestina 2.3 toneladas de restos de construcción, incluyendo madera, paneles y otros escombros procedentes del desmontaje de viviendas.
Las autoridades sostienen que Kursat y al menos un cómplice acumulaban los residuos en un solo punto, para luego transportarlos mediante varios camiones volquete hacia zonas boscosas de difícil acceso, donde eran depositados sin autorización.
El sospechoso admitió los hechos durante el interrogatorio, según fuentes policiales.
La investigación se amplía debido a que en la misma zona se han detectado al menos seis vertidos ilegales adicionales, lo que apunta a una posible red o patrón delictivo en el manejo irregular de residuos de demolición, un problema que preocupa especialmente a los gobiernos locales por su impacto ambiental y el coste de la limpieza.
El municipio y la policía han reforzado la vigilancia en áreas boscosas, donde en los últimos años se han incrementado los vertidos ilegales debido al aumento de pequeñas empresas informales del sector de la construcción que buscan reducir costos evadiendo las tarifas oficiales de disposición de residuos.
⚖️ Marco legal
El vertido ilegal de residuos en Japón está regulado por la Ley de Gestión de Residuos y Limpieza Pública (廃棄物の処理及び清掃に関する法律).
Los puntos relevantes para este caso son:
1. Prohibición del vertido ilegal (不法投棄)
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Está prohibido desechar residuos industriales o domésticos en terrenos públicos o privados sin autorización.
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Los residuos de demolición (木くず、廃材、建設廃棄物) están clasificados como residuos industriales, cuya gestión debe estar a cargo de empresas certificadas.
2. Sanciones penales
Las penas pueden incluir:
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Hasta 5 años de prisión
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Multas de hasta 10 millones de yenes para individuos
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En caso de empresas, multas administrativas que pueden llegar a 100 millones de yenes
En ciertos casos se aplican cargos acumulados por cada vertido documentado.
3. Responsabilidad del generador
La ley establece que incluso si el vertido lo realiza un contratista, el generador del residuo también puede ser responsable si no supervisa adecuadamente el proceso.
4. Relevancia social
Los vertidos ilegales en zonas rurales se han vuelto un problema recurrente:
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Deterioran ecosistemas locales
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Aumentan los costos de limpieza asumidos por los municipios
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Generan conflictos entre empresas de demolición reguladas y operadores informales
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