Ocultó envíos de dinero del marido y cobró asistencia social
📍Tōkyō | 21 de octubre
Una mujer filipina de 45 años, residente en la ciudad de Mitoyo (prefectura de Kagawa), fue arrestada el 21 de octubre bajo sospecha de fraude en la obtención de prestaciones públicas.
Según la policía, la mujer habría recibido de forma indebida más de 4,23 millones de yenes (aprox. 27.000 dólares) en concepto de seikatsu hogo (生活保護, asistencia social), entre abril de 2021 y diciembre de 2024.
El caso tomó un giro inusual cuando su propio esposo —de quien vivía separada— presentó una denuncia penal al descubrir que ella ocultaba los shiokuri (仕送り, envíos regulares de dinero) que él realizaba.
Esos ingresos, según la Ley de Asistencia Pública japonesa, deben ser declarados ante las autoridades municipales, pues influyen directamente en el cálculo de la ayuda a recibir.
Tras la denuncia, la policía de Kagawa investigó 46 depósitos indebidos efectuados por el municipio de Mitoyo y determinó que la mujer había omitido deliberadamente la existencia de ingresos adicionales para mantener su condición de beneficiaria.
Durante el interrogatorio, reconoció los hechos y declaró: Machigaita rimasen (間違いありません, No hay error, es cierto”).
⚖️ Marco legal y análisis
La conducta imputada se enmarca en el artículo 246 del Código Penal Japonés como Sagi-zai (詐欺罪 , delito de fraude), que castiga con hasta 10 años de prisión a quien obtenga bienes o dinero mediante engaño.
Además, el artículo 78 de la Ley de Asistencia Pública (生活保護法第78条) obliga a los beneficiarios a reportar cualquier cambio en sus ingresos, convivencia o apoyo familiar. No hacerlo constituye una infracción que puede derivar en la devolución obligatoria de los fondos, suspensión del beneficio y procesamiento penal.
El hecho de que la denuncia provenga del esposo agrega un elemento ético y social significativo: revela fracturas familiares derivadas del abuso del sistema y pone de relieve la colaboración ciudadana en la detección de fraudes sociales.
Este tipo de casos, aunque minoritarios, afectan la confianza pública en los programas de asistencia y suelen recibir atención mediática por la nacionalidad extranjera del implicado.
¿Por qué no se difunde el nombre de la detenida?
- Principio de presunción de inocencia:
Aunque haya sido arrestada, legalmente aún no ha sido condenada. Las autoridades y medios suelen evitar identificar por nombre completo a sospechosos, especialmente si el caso está en fase inicial o si no hay riesgo social inmediato. - Política de privacidad en medios japoneses:
Muchos medios japoneses siguen pautas éticas estrictas y sólo revelan nombres cuando:
- El delito es especialmente grave o violento.
- Ya se ha presentado una acusación formal (起訴) por parte de la fiscalía.
- Se trata de un caso con alto impacto público.
- Los sospechosos son figuras públicas o ha sido buscado anteriormente.
- Condición del extranjero:
En algunos casos, si el sospechoso es extranjero, los medios también omiten el nombre por razones diplomáticas o para evitar conflictos en la comunidad migrante, a menos que haya riesgo de fuga o reincidencia confirmada.
En cuanto se presente una acusación formal (起訴) o el caso se eleve a juicio, es probable que el nombre completo se haga público, especialmente si se trata de un caso con múltiples antecedentes como este.
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