Venezuela invoca paz y desarrollo mientras redefine su relación con Washington
📍Caracas | 3 de enero
En una capital venezolana todavía sacudida por el impacto político y simbólico de la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, el discurso oficial ha dado un giro inesperado. Este domingo (lunes en Japón), la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció públicamente que su gobierno ha solicitado a Washington coordinarse en torno a una “agenda de cooperación”, una expresión que contrasta de forma clara con el tono de confrontación empleado en los días posteriores a la operación militar.
En un mensaje difundido a través de redes sociales, Rodríguez explicó que dicha agenda estaría orientada a un “desarrollo común” dentro del marco del derecho internacional, con el objetivo de fortalecer la convivencia regional a largo plazo. La vicepresidenta subrayó que Venezuela busca reconstruir relaciones internacionales equilibradas y respetuosas, tanto con Estados Unidos como con los países vecinos, colocando esta prioridad en el centro de su política exterior inmediata.
El mensaje incluyó una apelación directa al presidente estadounidense Donald Trump, en la que Rodríguez afirmó que la región “merece paz y diálogo, no guerra”. Reivindicó además que esta narrativa ha sido sostenida de manera constante por Nicolás Maduro, y que ahora se convierte —según sus palabras— en la voz colectiva de todo el país.
El viraje no ha pasado desapercibido. Apenas días atrás, la misma vicepresidenta había calificado la acción militar estadounidense como un “uso brutal de la fuerza” y una violación directa de la soberanía nacional. El contraste entre ambos discursos revela una fase de reacomodo estratégico, en la que Caracas parece buscar una salida política y diplomática tras el golpe más severo sufrido por el poder ejecutivo venezolano en décadas.
⚖️ Marco legal y diplomático
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Derecho internacional público:
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Principio de no intervención y respeto a la soberanía estatal (Carta de las Naciones Unidas, Art. 2).
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Uso de la fuerza:
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La detención de un jefe de Estado por medios militares extranjeros plantea cuestionamientos sobre legalidad, proporcionalidad y jurisdicción internacional.
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Relaciones diplomáticas:
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La referencia a una “agenda de cooperación” sugiere un intento de reconducir el conflicto hacia canales diplomáticos, evitando sanciones adicionales o aislamiento regional.
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Responsabilidad del Estado:
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El cambio discursivo puede interpretarse como una estrategia para mitigar consecuencias políticas, económicas y humanitarias derivadas de una escalada militar.
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