Detienen a extranjeros por vertido ilegal en Tokio: evitaban pagar tratamiento de residuos
📍Tōkyō | 23 de octubre
El hallazgo de más de 400 kilos de desechos industriales enterrados en un terreno de demolición en el distrito de Adachi (Tokio) llevó a la detención de dos hombres de nacionalidad turca acusados de infringir la Ley de Gestión de Residuos y Limpieza Pública (廃棄物処理法).
El caso, descubierto en febrero tras una denuncia ciudadana, expone una práctica recurrente en el sector de la construcción: el vertedero clandestino de residuos para evadir los costos del tratamiento legal.
🔎 Los hechos
Según informó la Sección de Medio Ambiente y Vida del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio (警視庁生活環境課), los detenidos son Akin Mustafa (26), exrepresentante de la empresa de demolición Shōnin (商人), con sede en Saitama, y un empleado temporal de 18 años.
Ambos son sospechosos de haber excavado un pozo de hasta 1,5 metros de profundidad dentro del sitio de demolición de una vivienda particular en Higashi-Hokima, distrito de Adachi, donde presuntamente arrojaron unas 424 kilogramos de residuos mezclados, entre ellos plásticos industriales, fragmentos de vidrio y madera.
Los investigadores creen que la motivación principal fue el ahorro económico: al evitar pagar el proceso de transporte y tratamiento en instalaciones autorizadas, la empresa habría reducido considerablemente sus costos operativos. La policía recibió en febrero una alerta anónima sobre irregularidades en el terreno, lo que permitió descubrir los restos bajo la superficie durante una inspección forense.
Los sospechosos niegan las acusaciones, alegando que “alguien más pudo haber dejado los residuos sin su conocimiento”.
⚖️ Marco legal: Ley japonesa de gestión de residuos (廃棄物処理法)
La Ley de Gestión de Residuos y Limpieza Pública (Ley N.º 137 de 1970) regula la recolección, transporte, reciclaje y disposición final de residuos tanto domésticos como industriales.
El Artículo 16 prohíbe expresamente el vertido o abandono de residuos fuera de los lugares designados por las autoridades locales.
El Artículo 25 establece sanciones severas para quienes realicen vertidos ilegales:
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Hasta 5 años de prisión o multa de hasta 10 millones de yenes para personas físicas.
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Multas de hasta 300 millones de yenes para empresas involucradas.
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En casos de reincidencia, pueden aplicarse penas accesorias como la revocación de licencias de obra o transporte de residuos.
El caso también involucra a otras dos empresas de demolición en Shibuya y Ōta, cuyos representantes fueron enviados a la fiscalía bajo sospecha de haber subcontratado o aceptado trabajos sin los permisos correspondientes, en violación al mismo marco legal.
🧩 Contexto: la sombra del “residuo oculto”
El sector de demolición en Japón enfrenta desde hace años un problema estructural: la eliminación ilegal de escombros y residuos industriales. Con el auge de renovaciones urbanas y demoliciones de viviendas antiguas, los costos del reciclaje y transporte han aumentado hasta un 30 % en la última década, lo que lleva a algunas compañías pequeñas o subcontratistas a recurrir a métodos ilícitos.
En este contexto, el Ministerio de Medio Ambiente ha intensificado las inspecciones y promueve la trazabilidad digital de los residuos a través del sistema electrónico Manifesto (マニフェスト制度), que obliga a las empresas a registrar cada etapa del proceso de desecho.
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