Japón ante el espejo: visados, tierras y el fantasma del miedo
📍Tokyo | 28 de noviembre
En una sala sobria de Tokio, un grupo de expertos designados por el gobierno tomó asiento por primera vez con una misión delicada: redefinir quién entra, quién se queda y bajo qué condiciones en el Japón del futuro.
Presidiendo el ambiente, invisible pero omnipresente, flotaba la consigna política de la primera ministra Takaichi: reducir las “ansiedades públicas” frente al aumento de extranjeros en el país.
El panel —creado en plena transformación demográfica y económica— apunta a cerrar en enero de 2026 un nuevo paquete de reglas migratorias que podría marcar un antes y un después. Para sus defensores, se trata de “ajustarse a los cambios sociales”. Para sus críticos, es una pendiente peligrosa que puede conducir a la xenofobia institucionalizada.
El corazón de la reforma es un concepto técnico con efectos profundos: la limitación cuantitativa de entradas. Ya existen topes para dos categorías laborales clave —trabajadores con habilidades específicas y el nuevo sistema de formación laboral que sustituirá a los pasantes técnicos en 2027—, pero ahora el gobierno estudia extender el control a una visa mucho más amplia y sensible: Ingeniero / Especialista en Humanidades / Servicios Internacionales, que actualmente posee casi medio millón de personas.
Esta visa es el motor silencioso de la economía del conocimiento: ingenieros, intérpretes, analistas, técnicos. Sin embargo, el Ejecutivo afirma que numerosas empresas la estarían usando para emplear mano de obra sencilla, en clara violación de la ley de inmigración. Por ello, además de recortar cupos, se plantea un endurecimiento de las inspecciones y sanciones, con participación activa de la Immigration Services Agency y el ministerio de industria.
El debate no nació hoy. Ya bajo el anterior premier Shigeru Ishiba se hablaba de un “control cuantitativo” de la inmigración. Un informe elaborado por su ministro de Justicia de entonces —con un tono inusual— advirtió que, en otros países del G7, el aumento acelerado de extranjeros había deteriorado la estabilidad social. Japón, decía el documento, debía prevenir antes que reaccionar.
Esa advertencia es ahora argumento principal del actual gobierno.
Desde 2023, las tensiones entre comunidades kurdas y residentes locales en la prefectura de Saitama, amplificadas por redes sociales y desinformación, han alimentado el sentimiento antiinmigrante. A ello se sumó el avance electoral de Sanseito, que hizo campaña con la consigna “Japan First” y logró un fuerte crecimiento en las últimas elecciones de la Cámara Alta, culpando a los extranjeros por la inflación y el deterioro de las condiciones de vida.
En paralelo, otro frente se abre con fuerza: la tierra.
El gobierno planea registrar la nacionalidad de los compradores de inmuebles y crear una base de datos nacional para rastrear adquisiciones, especialmente en zonas sensibles. La preocupación oficial es doble: la seguridad nacional y el aumento del precio de la vivienda.
Según una encuesta del Ministerio de Tierras, el 3% de quienes compraron departamentos nuevos en Tokio en el primer semestre del año declararon domicilios en el extranjero. Aunque el ministro de Tierras evitó vincular directamente esto con el alza inmobiliaria, el discurso político ya ha construido un relato: “falta de transparencia = riesgo”.
En materia de defensa, Takaichi lleva una década impulsando controles. En 2021 se modificó la ley inmobiliaria para permitir investigaciones sobre el uso de terrenos cercanos a bases militares o islas estratégicas. La compra no está prohibida, pero el uso sí puede ser restringido. Y ahí surge la gran pared legal.
Japón es firmante de los acuerdos de la World Trade Organization, que prohíben discriminar por nacionalidad en operaciones comerciales. Limitar la compra de tierras a extranjeros sin violar esos acuerdos sería jurídicamente complejo y diplomáticamente costoso.
A pesar de ello, legisladores del partido gobernante buscan fórmulas “creativas” para imponer controles sin romper tratados internacionales.
El dilema está servido: ¿seguridad o apertura? ¿regulación o señal política?
Lo que hoy se presenta como “gestión responsable” podría, en el futuro, definir el rostro moral del Japón del siglo XXI.
⚖️ Marco legal
1. Ley de Control de Inmigración
Regula el tipo de trabajo que puede realizar cada visa. Usar una visa profesional para labores simples es ilegal. El gobierno busca:
- Aumentar inspecciones.
- Establecer topes de emisión.
- Endurecer sanciones a empresas infractoras.
2. Sistema de Formación Laboral (desde 2027)
Sustituye al criticado sistema de pasantes técnicos. Tendrá:
- Cupos anuales.
- Supervisión más estricta.
- Objetivo explícito de evitar explotación laboral.
3. Ley de Seguridad de Territorios Claves (reforma 2021)
Autoriza investigar actividades inmobiliarias cercanas a:
- Bases militares.
- Islas fronterizas.
- Infraestructura crítica.
Permite sancionar usos peligrosos, pero no prohíbe la compra por extranjeros.
4. Limitación por Tratados Internacionales
Los tratados de la OMC impiden:
- Discriminación directa contra compradores extranjeros.
- Restricciones sin consenso multilateral.
Cualquier ley nueva deberá sortear ese marco.
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