Japón avanza hacia un sistema de autorización anticipada para visitantes internacionales
📍Tōkyō | 24 de diciembre
El gobierno japonés avanza silenciosamente en un nuevo filtro previo a la llegada de turistas extranjeros. El día 23, a través de entrevistas con fuentes gubernamentales y partes relacionadas, se supo que las autoridades están considerando cobrar una tarifa de entre 2,000 y 3,000 yenes por la implementación de JESTA, un sistema electrónico de autorización de viaje que deberá completarse antes de ingresar a Japón.
El sistema, inspirado en mecanismos similares de Estados Unidos y Europa, solicitará a los visitantes extranjeros información en línea —como motivo del viaje, duración de la estancia y datos personales básicos— con el objetivo de evaluar previamente si cumplen los requisitos para entrar al país. La medida llega en un contexto de récord histórico de visitantes, tensiones por la convivencia turística en zonas urbanas y una creciente preocupación por ingresos irregulares, sobreestadías y abusos del estatus de visitante temporal.
Aunque la tarifa aún no ha sido oficializada, fuentes señalan que el monto se destinaría a costear la infraestructura digital, el mantenimiento del sistema y el refuerzo de los controles migratorios, sin afectar directamente el proceso de visado tradicional. Para muchos viajeros, el trámite sería obligatorio incluso para estancias cortas, lo que marca un cambio relevante en la experiencia de ingreso a Japón.
⚖️ Marco legal y administrativo
La introducción de JESTA se enmarca en las facultades del Gobierno de Japón para reforzar el control migratorio bajo la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados (出入国管理及び難民認定法).
Desde el punto de vista legal:
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Japón puede exigir procedimientos previos de autorización sin modificar el régimen de exención de visa.
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El cobro de una tarifa administrativa es legal siempre que se clasifique como tasa de gestión, no como impuesto.
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La información recopilada puede utilizarse para evaluación de riesgos migratorios, prevención de delitos y control de estancias irregulares, respetando la legislación de protección de datos.
Este tipo de sistema ya es habitual en países con alto flujo turístico y se considera una herramienta preventiva, más que una barrera directa de entrada.
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