Yamagami busca clemencia alegando manipulación religiosa
📍Tōkyō | 28 de octubre
Más de tres años después del magnicidio que sacudió a Japón y al mundo, Yamagami Tetsuya (45 años), acusado de asesinar al ex primer ministro Abe Shinzo, reconoció ante el tribunal la autoría del crimen. En la primera audiencia del juicio con jurado ciudadano (裁判員裁判), Yamagami declaró con voz firme:
“El contenido es cierto. No hay error en lo que hice.”
Con estas palabras, el acusado admitió haber disparado y causado la muerte de Abe durante un acto de campaña en Nara el 8 de julio de 2022, un hecho que conmocionó la estabilidad política y reabrió un debate profundo sobre la relación entre religión, política y responsabilidad penal.
⚖️ Marco legal del caso
El proceso judicial contra Yamagami se desarrolla bajo tres cargos principales:
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Asesinato (殺人罪) — conforme al artículo 199 del Código Penal Japonés, que prevé la pena de muerte o cadena perpetua para quien cause la muerte intencionadamente.
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Violación de la Ley de Control de Explosivos y Armas de Fuego (火薬類取締法違反) — por la fabricación casera del arma utilizada.
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Daño a propiedad (建造物損壊罪) — por los daños provocados en el entorno del atentado.
El tribunal de Nara, presidido por el juez Shinichi Tanaka, programó hasta 19 sesiones para el juicio, incluyendo días de reserva, con sentencia prevista para el 21 de enero de 2026.
La defensa ha reconocido todos los cargos, pero centrará su estrategia en buscar una reducción de pena argumentando que Yamagami actuó bajo presión psicológica derivada del entorno religioso de su familia, al que califican como una forma de “abuso espiritual” (宗教的虐待).
🕊️ El trasfondo: una tragedia familiar convertida en acto político
Según las investigaciones, la madre del acusado era fiel de la Federación para la Paz Universal y Unificación (antigua Iglesia de la Unificación), a la que habría donado más de 100 millones de yenes, dejando a la familia en la ruina.
Yamagami confesó tras su arresto que su verdadero objetivo era la organización religiosa, a la que consideraba responsable de la destrucción de su familia, pero dirigió su ira contra Abe, a quien vinculaba públicamente con la secta.
El caso no solo puso en evidencia la fragilidad del sistema de control de las donaciones religiosas en Japón, sino que provocó una crisis política y moral al revelar los vínculos entre miembros del Partido Liberal Democrático (LDP) y organizaciones religiosas con fuerte influencia económica.
⚔️ Posturas en el tribunal
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Defensa: argumenta que el entorno familiar y religioso de Yamagami lo llevó a un estado de desesperación y resentimiento, proponiendo una lectura de “culpabilidad mitigada” por daño psicológico acumulado.
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Fiscalía: sostiene que el acusado actuó con pleno control mental y planificación, fabricando el arma y eligiendo el objetivo con premeditación, lo que demuestra una alta peligrosidad social y moral.
El juicio, retransmitido parcialmente por NHK y seguido por observadores internacionales, se perfila como un caso histórico en la justicia japonesa contemporánea, tanto por la figura de la víctima como por las implicaciones legales sobre el límite entre libertad religiosa, manipulación espiritual y responsabilidad penal individual.
🧭 Análisis social y jurídico
Este proceso marca un punto de inflexión en la política japonesa:
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En lo judicial, pondrá a prueba cómo el sistema penal japonés maneja casos donde motivaciones personales se entrelazan con causas sociales y religiosas.
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En lo social, reabre la discusión sobre la regulación de los grupos religiosos y el impacto del “abuso espiritual” en la conducta criminal.
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En lo político, el caso sigue generando incomodidad dentro del LDP, que ha prometido cortar lazos con la organización religiosa, aunque persisten dudas sobre la transparencia de esos vínculos.
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