De Saitama a Estambul: una familia kurda separada por la política de deportación acelerada
📍Tōkyō | 30 de octubre
Era un día esperado en casa: los hijos habían preparado flores y una pequeña torta para el cumpleaños de su padre. Pero él nunca volvió.
Ese mismo día, cuando acudió puntualmente a su cita rutinaria con la Oficina de Inmigración, fue detenido sin previo aviso y deportado a Turquía.
No hubo despedidas, ni tiempo para abrazos. Su familia quedó en Saitama, con los pétalos marchitándose sobre la mesa.
El caso ha conmovido a organizaciones civiles y expuesto la crudeza del nuevo marco de deportaciones aceleradas implementado bajo el “Plan Cero Residentes Ilegales” (ゼロ不法滞在者計画), que busca reducir drásticamente el número de personas que viven en Japón sin estatus legal válido.
⚖️ Marco legal: endurecimiento de la Ley de Inmigración
La reforma aprobada en 2024 modificó la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados (入管難民法).
El cambio clave permite que incluso quienes vuelven a solicitar refugio (再申請) puedan ser deportados mientras su caso aún está en evaluación. Antes, ese proceso suspendía la expulsión hasta que se resolviera la apelación.
El Ministerio de Justicia justificó la medida afirmando que el sistema anterior era “vulnerable a abusos” y que el nuevo régimen busca “proteger la seguridad nacional y agilizar los procedimientos”.
Sin embargo, abogados de derechos humanos señalan que viola el principio de no devolución (non-refoulement)establecido en la Convención de la ONU sobre Refugiados (1951), que prohíbe enviar a una persona a un país donde pueda sufrir persecución.
🏠 Una década de vida borrada
La familia kurda llevaba más de diez años en Japón, con hijos escolarizados y un fuerte arraigo comunitario. Habían solicitado repetidamente el estatus de refugiado, alegando persecución étnica en Turquía.
Vecinos, docentes y asociaciones locales presentaron peticiones para que se revisara su caso, pero el refuerzo de las deportaciones no dejó espacio a consideraciones humanitarias.
El Plan Cero Irregulares establece como meta reducir a la mitad los casos de permanencia irregular antes de 2030, mediante vigilancia biométrica, cooperación policial y operativos de repatriación exprés.
En la práctica, esto ha derivado en detenciones sorpresivas durante reportes rutinarios —incluso de familias con niños o pacientes en tratamiento médico—, lo que ha desatado fuertes críticas en el ámbito nacional e internacional.
💔 El impacto humano y la contradicción moral
“Nos dijeron que debía presentarse para firmar un documento. No sabíamos que sería la última vez que lo veríamos”, contó una voluntaria que apoya a familias migrantes en Saitama.
Casos similares se han registrado en Nagoya, Fukuoka y Osaka, donde personas con enfermedades graves o niños nacidos en Japón han sido separados de sus seres queridos en cuestión de horas.
Diversos grupos ciudadanos piden al gobierno que establezca un mecanismo de suspensión humanitaria y revisión médica o familiar previa a la deportación, argumentando que la política actual contradice el discurso oficial de “sociedad inclusiva” (共生社会).
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