📍Ginowan | 30 de abril de 2025
La Fiscalía japonesa ha acusado formalmente a un infante de marina estadounidense, identificado como Austin Wedington, de 27 años, por violar a una mujer e intentar matar a otra dentro de una base del Cuerpo de Marines en la isla principal de Okinawa.
Los hechos ocurrieron en un baño de las instalaciones militares a mediados de abril.
Según el expediente judicial, Wedington presuntamente estranguló a una trabajadora civil japonesa, la forzó sexualmente contra la puerta de un cubículo y, cuando otra mujer intentó intervenir, le pisoteó la cara.
Ambas mujeres eran civiles que trabajaban dentro del complejo militar.
Wedington estuvo inicialmente bajo custodia de las autoridades estadounidenses, en cumplimiento con el Acuerdo de Estatuto de Fuerzas (SOFA) entre Japón y EE.UU., que regula qué tipo de jurisdicción aplica sobre el personal militar extranjero en suelo japonés.
No fue sino hasta hoy miércoles que el sospechoso fue entregado oficialmente a las autoridades japonesas.
Un caso que toca una herida abierta en Okinawa
Este hecho no es aislado. Desde junio de 2024, se han presentado al menos cuatro acusaciones formales por agresiones sexuales cometidas por soldados estadounidenses en Okinawa.
Estos casos han reavivado el malestar social y político en una isla que, aunque representa menos del 1% del territorio japonés, alberga más del 70% de las bases militares estadounidenses en Japón.
El gobernador de Okinawa, Tamaki Denny, fue enfático:
“Los ataques sexuales por parte de personal estadounidense siguen ocurriendo pese a nuestras reiteradas demandas de medidas urgentes. Dudamos seriamente del nivel de educación y control que ejercen sobre sus tropas. Exigimos respuestas concretas y efectivas”.
La indignación no solo es institucional. Desde hace décadas, los habitantes de Okinawa denuncian sentirse vulnerables y poco escuchados, atrapados entre las decisiones del gobierno central en Tokio y la presencia militar de EE.UU., establecida desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
¿Qué es el SOFA y por qué causa tanta controversia en Japón?
El Acuerdo de Estatuto de Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés) es un tratado bilateral firmado por EE.UU. y Japón, que establece cómo deben ser tratados legalmente los soldados estadounidenses en Japón.
El acuerdo fue firmado en 1960 como parte del Tratado de Seguridad Japón-EE.UU.
En la práctica:
•Si un militar estadounidense comete un delito mientras está en servicio, la justicia militar de EE.UU. tiene prioridad.
•Si el delito ocurre fuera de servicio, las autoridades japonesas pueden solicitar su custodia, pero EE.UU. no está obligado a entregarlo hasta que se le acuse formalmente.
•Muchos casos pasados muestran retrasos en la entrega o falta de cooperación inicial, lo que ha generado una percepción de impunidad.
Ejemplo similar:
•En 1995, tres militares estadounidenses violaron a una niña de 12 años en Okinawa. El caso provocó protestas masivas y obligó a una revisión parcial del SOFA, pero los cambios fueron mínimos.
•En 2016, otro exmilitar estadounidense fue condenado por violar y asesinar a una mujer japonesa. El crimen volvió a encender la indignación y obligó a EE.UU. a prometer más educación en derechos humanos a sus tropas.
El contexto actual: tensión, desconfianza y búsqueda de soluciones
Este nuevo caso ocurre pocos días antes del primer encuentro oficial del “Foro de Cooperación Trilateral”, que reunirá el próximo 9 de mayo a representantes de EE.UU., Japón y autoridades de Okinawa, con el objetivo de mejorar la comunicación y prevenir crímenes cometidos por militares.
Sin embargo, muchos okinawenses mantienen su escepticismo. En 2024, medios locales revelaron que el gobierno central japonés ocultó denuncias de abuso sexual por parte de soldados estadounidenses, aumentando la desconfianza en las instituciones.
Por su parte, el embajador de EE.UU. en Japón, George Glass, dijo estar “profundamente perturbado” por el caso y aseguró que “este comportamiento no representa a los miles de soldados que sirven aquí con honor”.
Marco legal aplicable al caso de Austin Wedington en Okinawa
1. El Acuerdo de Estatuto de Fuerzas (SOFA Japón–EE.UU.)
El SOFA (Status of Forces Agreement) es parte del Tratado de Seguridad entre Japón y Estados Unidos, firmado en 1960. Es el principal marco legal que regula los derechos, obligaciones y jurisdicción sobre el personal militar estadounidense estacionado en Japón, incluyendo:
Jurisdicción penal:
•Japón tiene jurisdicción primaria sobre los delitos cometidos por militares fuera de servicio y fuera de una instalación militar.
•Estados Unidos mantiene jurisdicción exclusiva si el acto fue:
•Cometido durante el servicio oficial
•Cometido dentro de una base militar, salvo que Japón solicite lo contrario.
•Excepción importante: Si el militar comete un delito grave fuera de servicio (como violación o asesinato), Japón puede solicitar la custodia previa a la acusación formal, pero EE.UU. puede negarse hasta que haya una acusación concreta.
En este caso:
Wedington fue inicialmente retenido por EE.UU., como permite el SOFA, y sólo fue entregado una vez que la fiscalía japonesa lo acusó formalmente de violación e intento de homicidio.
2. Código Penal Japonés (刑法, Keihō)
El Código Penal de Japón aplica plenamente una vez que el sospechoso está bajo jurisdicción japonesa.
Delitos aplicables en este caso:
•Violación agravada (強制性交等致傷, kyōsei kōkō tō chishō):
•Violación cometida con violencia física grave o amenazas.
•Pena: entre 5 años y cadena perpetua.
•Lesiones personales (傷害罪, shōgai-zai):
•Por pisotear a la mujer que intervino y causarle heridas.
•Pena: hasta 15 años de prisión, dependiendo de la gravedad.
•Tentativa de homicidio (殺人未遂, satsujin misui):
•Si el daño se considera con intención de matar, puede elevarse a este cargo.
•Pena: hasta cadena perpetua.
3. Derechos procesales bajo la ley japonesa
•El acusado tiene derecho a un abogado y a guardar silencio.
•Las víctimas tienen derecho a asistencia psicológica, representación legal y protección de identidad.
•Japón no aplica la pena de muerte por delitos de violación, pero sí puede imponerla en asesinatos agravados.
•La detención preventiva puede durar hasta 23 días sin cargos, pero solo si hay aprobación judicial. En este caso, ya fue acusado formalmente.
4. Responsabilidad internacional y diplomacia
El embajador estadounidense y el Departamento de Defensa (DoD):
•El embajador puede emitir comunicados, pero no interfiere directamente en procesos judiciales.
•El DoD y el comando de las Fuerzas de EE.UU. en Japón (USFJ) están obligados a cooperar, pero protegen ciertos derechos de sus soldados.
Gobierno japonés y protestas en Okinawa:
•Aunque Tokio tiene la soberanía jurídica, la presión ciudadana y política en Okinawa es fuerte, y puede influir en la forma en que se manejan estos casos.
•Se han dado llamados para renegociar el SOFA, pero EE.UU. ha mostrado resistencia histórica a cambiarlo significativamente.
En síntesis
La acusación contra Austin Wedington no solo pone en juego la justicia penal, sino también las frágiles relaciones entre la población de Okinawa, el gobierno japonés y las Fuerzas Armadas de EE.UU.
El dolor de las víctimas es real, pero también lo es el hartazgo de una comunidad que lleva décadas pidiendo respeto, prevención y justicia.
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