Datos sensibles y contexto internacional impulsan revisión histórica en Mie
📍Tōkyō | 24 de diciembre
La prefectura de Mie se prepara para un giro significativo en su política de empleo público. Tras más de dos décadas permitiendo el acceso de personas extranjeras a parte de su función pública, el gobierno prefectural ha iniciado un estudio para suspender, posiblemente desde el próximo año fiscal, la contratación de nuevos funcionarios de nacionalidad extranjera.
La medida marca un punto de inflexión. Desde el año fiscal 1999, Mie había eliminado el requisito de nacionalidad en la mayoría de los exámenes de acceso a la función pública, como símbolo de apertura y de impulso a la participación social de los residentes extranjeros. Solo quedaban excluidos los puestos que implicaban ejercicio directo de autoridad pública, como la recaudación de impuestos o cargos directivos vinculados a la toma de decisiones administrativas.
Sin embargo, el contexto internacional ha cambiado. Según fuentes cercanas a la prefectura, la preocupación se centra en la protección de información altamente sensible, incluyendo datos personales de los residentes, así como información estratégica relacionada con agricultura, prevención de desastres y gestión administrativa. En particular, la prefectura tiene en cuenta la Ley de Inteligencia Nacional de China (2017), que obliga a ciudadanos y empresas chinas —dentro y fuera del país— a cooperar con las actividades de inteligencia del Estado chino cuando se les requiera.
Aunque Mie subraya que no se han detectado filtraciones ni incidentes concretos, el riesgo potencial ha llevado a replantear el marco actual. Desde 2005, la prefectura ha contratado a nueve funcionarios extranjeros, principalmente médicos y personal sanitario especializado; actualmente solo uno sigue en funciones. La administración ha aclarado que estos empleados no perderán su trabajo, incluso si se modifica el sistema de contratación.
Antes de tomar una decisión definitiva, el gobierno prefectural lanzará a partir del próximo mes una encuesta a unos 10.000 residentes, buscando medir la opinión pública sobre si debe mantenerse o no la contratación de funcionarios extranjeros. El resultado de este sondeo será clave para la resolución final.
Actualmente, 12 prefecturas en todo Japón, incluida Mie, mantienen sistemas que permiten a extranjeros presentarse a exámenes de empleo público. La decisión de Mie podría convertirse en un precedente político y administrativo, observado de cerca por otras regiones en un país que, al mismo tiempo, depende cada vez más de mano de obra extranjera.
⚖️ Marco legal y administrativo
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Apertura desde 1999
Mie eliminó el requisito de nacionalidad en la mayoría de los puestos administrativos, alineándose con políticas de integración y convivencia multicultural. -
Límites constitucionales
En Japón, los puestos que implican el ejercicio de kōkenryoku (公権力, autoridad pública) o la participación directa en la formación de la voluntad del Estado suelen reservarse a ciudadanos japoneses. -
Factor internacional: Ley de Inteligencia Nacional de China (2017)
Esta ley es citada como referencia de riesgo, al imponer obligaciones legales de cooperación con los servicios de inteligencia del Estado chino, incluso en el extranjero. -
Protección de datos y seguridad administrativa
La prefectura argumenta que el manejo de información sensible —datos personales, planificación agrícola, gestión de emergencias— requiere un nivel máximo de control institucional. -
Proceso democrático local
La decisión no será automática: se realizará una encuesta ciudadana masiva antes de cualquier cambio formal.
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