LIMA.- La Fiscalía Supraprovincial Contra la Criminalidad Organizada (2.º Despacho) ejecutó un operativo contra 52 investigados vinculados a la Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU (Aelucoop).
Las acusaciones incluyen delitos de organización criminal, financiamiento mediante información fraudulenta y otros ilícitos financieros.
Este caso, que abarca actividades fraudulentas realizadas entre 2009 y 2021 expone uno de los mayores escándalos financieros en el ámbito cooperativo peruano.
Tesis Fiscal
La fiscalía sostiene que un grupo compuesto por funcionarios, directivos y socios de Aelucoop habría constituido una organización criminal con el propósito de obtener beneficios ilícitos.
Utilizaron empresas inmobiliarias de fachada, creadas y manejadas por ellos mismos, como vehículos para acceder a créditos fraudulentos otorgados por la cooperativa.
Estos créditos eran aprobados mediante información falsa y sin cumplir los estándares de evaluación financiera requeridos, lo que permitió un desvío masivo de fondos.
Impacto Económico
El impacto financiero es enorme, afectando tanto a la cooperativa como a sus socios y ahorristas. Según las autoridades, el perjuicio económico asciende a:
– S/ 410’622,273.59 (aproximadamente 110 millones de dólares).
– USD 79’663,364.40, lo que incrementa el daño total a cifras superiores a los 189 millones de dólares.
Esta cifra fue calculada al 19 de abril de 2024 y afecta directamente a 20,709 ahorristas, quienes confiaron en la gestión de Aelucoop para proteger y hacer crecer sus ahorros.
Modus Operandi
La investigación describe un esquema en el que:
1. Se creaban empresas inmobiliarias bajo control de los mismos implicados.
2. Estas empresas solicitaban créditos a Aelucoop presentando información fraudulenta.
3. Los créditos eran aprobados por los directivos de la cooperativa, quienes también formaban parte de la red criminal.
4. El dinero era desviado para fines personales y para cubrir operaciones ilícitas de las empresas.
Repercusiones Jurídicas
El operativo incluyó allanamientos, incautación de documentos y detenciones de unos 23 implicados, buscando desarticular la red y recuperar los activos comprometidos.
Lista de investigados autorizados para detención preliminar judicial:
1. Ruyer Miguel Zeballos Hatakeda
2. Pedro Eduardo Miyasato Arakaki
3. Manuel Eduardo Tsukayama Kiyan
4. Anastacio Flores Shibayama Nagaki
5. Eduardo César Navarro Otani
6. Jorge Eduardo Maehira Higa
7. Juan Carlos Sakudo Yoshiyama
8. Ricardo Andrés Toyama Kawaza
9. Ricardo Willy Isa Azama
10. Fernando Arakaki Kiyamo
11. Luis Alberto Saavedra Cabelia
12. Abad Edwin Castro Munc
13. José Miguel Adrianzen León
14. Edwin Christian Valencia Hirano
15. José Luis Miyahira Arakaki
16. Pablo Enrique Kawakami Higa
17. Richard Hernán Baca Palacios
18. Fernando Fausto Fox Sam
19. Javier Andrés Espinoza Medina
20. Manuel Felipe Vidal Buendía
21. Daniel Rubén Serida Nishimura
22. Ysabel Solís Padilla
Este caso representa un precedente clave para regular las cooperativas de ahorro y crédito en el país, muchas de las cuales operan con poca supervisión.
Reacciones
El caso ha generado indignación entre los ahorristas afectados y la opinión pública, quienes exigen medidas más estrictas para supervisar a las entidades financieras y cooperativas.
Además, organizaciones de la sociedad civil han pedido la intervención de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para establecer un marco regulatorio más estricto.
El operativo de la fiscalía marca un esfuerzo significativo para combatir la corrupción y el fraude en el sector financiero no bancario.
Sin embargo, plantea preguntas sobre la eficacia de los sistemas de supervisión y las lagunas legales que permitieron que esta red operara por más de una década sin ser detectada.
Este escándalo afecta no solo a los involucrados directamente, sino también a la reputación del sistema cooperativo en el país, al generar desconfianza en el manejo de las finanzas de estas instituciones.
Operativo “Gánsteres de las finanzas”
La fiscal Irene Mercado Zavala del Ministerio Público, lidera una investigación que busca desmantelar una organización criminal vinculada a actos de corrupción y fraude dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU (Aelucoop) dirigida por Miguel Zeballos Hatakeda durante su gestión como gerente general entre 2009 y 2019.
Esta cooperativa fue intervenida en 2019 por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) debido a irregularidades graves.
Detalles del operativo
1. Objetivo principal:
– La detención de 23 personas implicadas en la red de corrupción y fraude.
– Resultado: Se capturó a 22 de los implicados, quedando pendiente la detención de Richard Baca Palacios, alcalde de Chulucanas, Piura.
2. Hallazgos:
– Confiscación de cajas fuertes en los domicilios de Zeballos y otro implicado, quienes afirmaron desconocer las claves de acceso.
– Recolección de documentación clave que, según las investigaciones, habría sido ocultada tras la intervención de la SBS.
Impacto y próximo paso
La investigación liderada por la fiscal Mercado busca no solo la detención de los implicados, sino también el aseguramiento de bienes y documentos que sustenten el fraude.
La operación representa un paso importante para restablecer la confianza de los socios afectados por el desfalco en Aelucoop.
EL DATO
Aelucoop era considerada una cooperativa sólida y confiable, principalmente por su vínculo con la comunidad nikkei en Perú. (Fotos: Ministerio Público)
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