WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la implementación de medidas de represalia contra Colombia después de que este país negara el aterrizaje de dos aviones militares estadounidenses encargados de deportar inmigrantes indocumentados.

Según Trump, la orden provino directamente del presidente colombiano Gustavo Petro, a quien calificó como “socialista”.

El mandatario consideró esta acción como una amenaza a la seguridad nacional y pública de Estados Unidos, lo que justificó la adopción de medidas severas.

Medidas de represalia

Trump detalló un conjunto de acciones punitivas contra Colombia, incluyendo:

1.Aranceles del 25% a todos los productos colombianos exportados a EE.UU., que podrían incrementarse al 50% una semana después.

2.Prohibición de ingreso a EE.UU. para funcionarios del gobierno colombiano y personas o países que apoyen esta medida.

3.Cancelación de visas para ciudadanos colombianos relacionados con el gobierno o simpatizantes.

4.Endurecimiento de los controles aduaneros y de inmigración para personas y mercancías provenientes de Colombia.

5.Sanciones económicas adicionales a ser implementadas en el futuro.

El mensaje

Trump publicó un mensaje en su cuenta oficial en la red social X:

«Acabo de ser informado de que dos vuelos de repatriación desde los Estados Unidos, con un gran número de criminales ilegales, no fueron autorizados para aterrizar en Colombia. Esta orden fue dada por el presidente socialista de Colombia, Gustavo Petro, quien ya es muy impopular entre su pueblo. La negativa de Petro a permitir estos vuelos ha puesto en peligro la seguridad nacional y la seguridad pública de los Estados Unidos. Por lo tanto, he ordenado a mi administración tomar de inmediato las siguientes medidas urgentes y decisivas de represalia:

• Tarifas de emergencia del 25% en todos los bienes que ingresen a los Estados Unidos. En una semana, las tarifas del 25% se incrementarán al 50%.
• Prohibición de viajes y revocación inmediata de visas para los funcionarios del gobierno colombiano, así como para todos sus aliados y partidarios.
• Sanciones de visa para todos los miembros del partido, familiares y simpatizantes del gobierno colombiano.
• Inspecciones mejoradas de Aduanas y Protección Fronteriza para todos los ciudadanos colombianos y cargamentos, por razones de seguridad nacional.
• Sanciones financieras del Departamento del Tesoro bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA) que serán totalmente implementadas.

Estas medidas son solo el comienzo. ¡No permitiremos que el gobierno colombiano viole sus obligaciones legales con respecto a la aceptación y el retorno de los criminales que forzaron a ingresar a los Estados Unidos!

Motivaciones y contexto

Trump, quien hizo de la lucha contra la inmigración ilegal uno de los pilares de su administración, busca presionar a Colombia y a otros países para que cooperen con la deportación de inmigrantes indocumentados.

Argumentó que Colombia tiene la obligación legal de recibir a sus ciudadanos deportados, quienes, según él, incluyen a criminales que representan un riesgo para la seguridad de EE.UU.

Además, Trump advirtió que estas medidas son solo el inicio de una respuesta más amplia si el gobierno de Petro no cumple con las demandas estadounidenses.

Respuesta

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó enérgicamente a las sanciones impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que Colombia rechazara inicialmente recibir vuelos con migrantes deportados. Trump había ordenado medidas severas, como aranceles progresivos de hasta el 50% sobre productos colombianos y la suspensión de emisión de visas para funcionarios colombianos y sus familias.

En su respuesta, Petro condenó las acciones de Trump, calificándolas de “fascistas” y advirtiendo que representan una amenaza a la soberanía de Colombia y otros países de América Latina. Subrayó que Colombia es capaz de defender su independencia y resistir las presiones externas.

Para contrarrestar las medidas, Petro anunció la implementación de un arancel del 25% a las importaciones estadounidenses y ordenó al Ministerio de Comercio Exterior reorientar las exportaciones hacia otros mercados. A través de sus redes sociales, expresó: “Los productos norteamericanos cuyo precio subirá deben ser reemplazados por producto nacional”.

Reacciones y análisis

Este anuncio refleja la política de línea dura de Trump en materia de inmigración y relaciones exteriores.

Las medidas propuestas podrían tener un impacto significativo en las relaciones bilaterales entre ambos países, especialmente en términos comerciales, ya que Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia.

Además, el aumento de aranceles y el endurecimiento de controles podrían perjudicar sectores clave de exportación colombianos, como el café, las flores y el petróleo.

Por otro lado, esta acción también podría aumentar las tensiones diplomáticas, ya que el gobierno de Petro ha promovido políticas progresistas y podría utilizar esta confrontación para reforzar su postura antiimperialista.

En el ámbito político interno de EE.UU., esta estrategia busca consolidar el apoyo de los votantes conservadores y reforzar la imagen de Trump como un líder decidido en su agenda de inmigración.

Actualización (12:15 horas)

Debido al impacto económico y para evitar sanciones más severas, el gobierno colombiano accedió a las exigencias de Trump, permitiendo la recepción de vuelos con deportados colombianos, incluso en aviones militares estadounidenses. El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, confirmó que la crisis se resolvió mediante negociaciones diplomáticas.

Traducción:

LA CASA BLANCA

WASHINGTON

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

26/01/25

Declaración del Secretario de Prensa

“El Gobierno de Colombia ha aceptado todos los términos del presidente Trump, incluyendo la aceptación sin restricciones de todos los inmigrantes ilegales de Colombia devueltos desde los Estados Unidos, incluyendo en aeronaves militares estadounidenses, sin limitaciones ni demoras. Basado en este acuerdo, los aranceles y sanciones completamente redactados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) se mantendrán en reserva y no se firmarán, a menos que Colombia no cumpla con este acuerdo. Las sanciones de visas emitidas por el Departamento de Estado, así como las inspecciones reforzadas por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, permanecerán en vigor hasta que el primer avión lleno de deportados colombianos sea devuelto exitosamente. Los eventos de hoy dejan claro al mundo que América vuelve a ser respetada. El presidente Trump continuará protegiendo ferozmente la soberanía de nuestra nación y espera que todas las demás naciones del mundo cooperen plenamente aceptando la deportación de sus ciudadanos presentes ilegalmente en los Estados Unidos.”

Confirmación Colombiana

El gobierno de Colombia anunció que se ha superado el impasse diplomático con los Estados Unidos, lo que permitirá reanudar las relaciones bilaterales con un enfoque renovado.

Fue el canciller saliente, Luis Gilberto Murillo, quien informó desde el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, que tanto él como el embajador Daniel García-Peña viajarán a Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel.

Estos encuentros darán seguimiento a los acuerdos alcanzados tras un intercambio de notas diplomáticas entre ambas naciones.

En el anuncio, Murillo estuvo acompañado por el vicecanciller Jorge Rojas, la directora del Dapre y próxima ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, así como por el embajador García-Peña y el ministro de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes.

Deportaciones / Caso japonés

En Japón, la deportación de extranjeros con órdenes de salida forzada implica una logística que contempla quién asume los costos del boleto de avión.

Según las políticas migratorias del país, estas responsabilidades se distribuyen en función de la situación económica y social del deportado.

A continuación, se detalla cada escenario:

1. Pago por parte del deportado

La norma general establece que el deportado debe cubrir los gastos de su propio boleto de avión. Si la persona cuenta con los recursos financieros necesarios, se le exige que asuma esta obligación. Esto puede incluir fondos personales, ahorros o incluso ingresos generados mientras residía en Japón.

2. Pago por familiares o terceros

En caso de que el deportado no pueda solventar el boleto, familiares, amigos cercanos o empleadores pueden intervenir y cubrir los costos. Esto se da especialmente en situaciones donde terceros desean acelerar el proceso de repatriación para minimizar problemas legales o económicos adicionales.

3. Gobierno japonés

Cuando el deportado no tiene los medios económicos suficientes y no hay terceros dispuestos a asumir el costo, el gobierno japonés puede hacerse cargo del boleto. En estos casos, los fondos provienen del presupuesto asignado a la Agencia de Servicios de Inmigración, cuya finalidad es garantizar la ejecución de las deportaciones. Esta medida es utilizada para evitar que la falta de recursos financieros retrase o complique el cumplimiento de la orden de deportación.

4. Apoyo del gobierno o embajada del país de origen

Las embajadas o consulados del país del deportado también juegan un papel importante. Estas instituciones, en algunos casos, financian total o parcialmente el boleto de regreso. Alternativamente, pueden proporcionar apoyo logístico o facilitar el acceso a programas de ayuda económica gestionados por el gobierno del país de origen del deportado.

Conclusión

Aunque la responsabilidad principal recae en el deportado, el gobierno japonés dispone de diversos mecanismos para garantizar que la deportación se lleve a cabo.

Esto incluye la intervención de recursos públicos o la colaboración de las representaciones diplomáticas de otros países.

Este sistema asegura que el proceso de repatriación se complete sin mayores demoras, incluso si el deportado no tiene la capacidad financiera para costear su retorno.

EL DATO

La confrontación entre Estados Unidos y Colombia podría marcar un punto de inflexión en las relaciones bilaterales y tendrá implicaciones tanto económicas como políticas en el corto y mediano plazo.

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