📦 Boom de imitaciones de diseño industrial dispara cifras de incautaciones en Japón

 


📍Tōkyō  |  10 de septiembre


 

La Nagoyazeikan(名古屋税関, Aduanas de Nagoya informó que en la primera mitad del 2025  se registraron más de 1,000 incidentes de importación detenida de mercancías que infringían derechos de propiedad intelectual.

Es el segundo semestre consecutivo que se supera esa cifra, lo que refleja que el flujo de falsificaciones hacia Japón no es un problema aislado, sino un fenómeno estructural y persistente.

El dato más llamativo es que ocho de cada diez artículos falsificados tenían como origen China, confirmando una tendencia de larga data: desde ese país llegan a Japón imitaciones de bolsos, ropa, relojes, electrónicos y hasta productos del hogar que buscan aprovechar la reputación de marcas reconocidas.

 


⚖️ Tipos de infracción detectados


  • Por número de casos:
    La mayoría de las detenciones correspondió a productos que infringían derechos de marca registrada. Esto incluye falsos bolsos de lujo, zapatillas con logotipos adulterados o relojes con emblemas clonados de firmas internacionales.

  • Por cantidad de artículos:
    El mayor aumento se dio en violaciones Ishōken (意匠権, a los derechos de diseño industrial). Aunque hubo menos casos puntuales, cada uno implicó grandes volúmenes de productos copiados en serie, como accesorios, utensilios domésticos o componentes electrónicos, lo que disparó las cifras frente al año anterior.

 


🌐 Contexto humano y económico


  1. Riesgos para los consumidores:
    Las falsificaciones suelen ser de menor calidad y, en muchos casos, peligrosas. Desde juguetes con materiales tóxicos hasta cargadores eléctricos que pueden provocar incendios, estos artículos representan una amenaza a la seguridad cotidiana de quienes los compran.

  2. Golpe a empresas y empleo:
    Cada producto falso en el mercado resta ventas a las compañías que invierten en investigación, desarrollo y diseño. Para Japón, país que vive de la innovación y el prestigio de sus marcas, esto no solo afecta a las multinacionales extranjeras, sino también a las pequeñas y medianas empresas japonesas, que pierden competitividad frente a la piratería.

  3. Refuerzo de controles aduaneros:
    Que la cifra siga en niveles tan altos muestra que la aduana de Nagoya está reforzando su capacidad de detección y bloqueo. Sin embargo, también deja claro que el problema requiere cooperación internacional con los países de origen y una mayor conciencia ciudadana a la hora de comprar.

 


📜 Marco legal en Japón


El combate a la piratería en Japón se enmarca en varias leyes clave:

  • Ley de Aduanas (Kanzei-hō, 関税法): permite a las autoridades detener en frontera productos sospechosos de infringir derechos de propiedad intelectual.

  • Ley de Marcas (Shōhyō-hō, 商標法): castiga la importación y comercialización de artículos que utilicen de manera ilegítima logotipos o nombres registrados.

  • Ley de Patentes (Tokkyo-hō, 特許法) y Ley de Diseño Industrial (Ishō-hō, 意匠法): aplicables a la copia no autorizada de inventos, modelos o diseños de productos.

  • Ley de Derechos de Autor (Chosakukenhō, 著作権法): protege música, software, moda y otros bienes culturales.

 


⚔️ Sanciones aplicables


En Japón, las consecuencias son severas tanto para importadores como para quienes comercializan falsificaciones:

  • Multas económicas: hasta 5 millones de yenes para individuos y 150 millones de yenes para empresas.

  • Penas de cárcel: hasta 10 años de prisión en los casos más graves de falsificación intencional.

  • Confiscación y destrucción de mercancías: todo artículo detectado en aduanas es retenido y destruido bajo supervisión oficial.

  • Sanciones administrativas adicionales: suspensión de licencias de importación, prohibiciones comerciales y restricciones aduaneras futuras.

 

 




Anexo


¿Las sanciones por comercio de productos falsificados se aplica también compradores?


🔹 1. Vendedores e importadores

  • Sí están sujetos a sanciones penales y económicas severas.

  • Según la Ley de Marcas (Shōhyō-hō, 商標法), la Ley de Aduanas (Kanzei-hō, 関税法) y otras normativas:

    • Penas de cárcel: hasta 10 años en casos graves.

    • Multas: hasta 5 millones de yenes para individuos y 150 millones para empresas.

    • Confiscación de mercancías y suspensión de licencias comerciales.

  • En otras palabras, quien introduce, fabrica o distribuye los productos falsificados sí enfrenta consecuencias directas.


🔹 2. Compradores o consumidores finales

  • Generalmente NO enfrentan sanciones penales si adquieren productos falsificados para uso personal.

    • Ejemplo: una persona que compra un bolso falso en el extranjero y lo trae a Japón para uso propio.

    • Normalmente, la aduana puede confiscarlo si lo detecta, pero no suele aplicar multa ni cárcel al consumidor individual.

  • Excepción importante:
    Si el comprador adquiere productos falsificados con intención de reventa o negocio, deja de ser “consumidor final” y pasa a ser tratado como comerciante ilegal.

    • En ese caso, sí aplican las mismas sanciones que a los importadores/vendedores.


🚫 Riesgo práctico para compradores en Japón


  • Aunque no los encarcelen, los consumidores sí corren el riesgo de perder el producto: la aduana lo incauta y destruye.

  • También quedan registrados en el sistema aduanero, lo que puede generar revisiones más estrictas en futuras importaciones personales.

  • En plataformas como Amazon Japón, Rakuten o Mercari, los compradores también pueden ser estafados, ya que los artículos falsos se eliminan y el dinero puede no ser reembolsado si se demuestra complicidad.


🌍 Comparación internacional


  • UE y EE.UU.: en general, tampoco se sanciona penalmente al comprador individual, salvo casos de importaciones en volumen.

  • China: hay casos donde sí se multa al consumidor que compra conscientemente falsificaciones, como parte de campañas internas.

  • Japón: se mantiene más enfocado en perseguir a las redes de falsificación y distribución, no al comprador común.


✅ En síntesis


En Japón:

  • Consumidores individuales → riesgo principal: confiscación y pérdida del producto.

  • Compradores para reventa o negocio → riesgo grave: multas millonarias y hasta cárcel.



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