Entre el exilio y el encierro: la historia silenciosa del extranjero que envejece tras un vidrio


📍Tōkyō | 28 de octubre


Un ciudadano iraní de 51 años lleva trece años consecutivos recluido en un centro de inmigración japonés, sin tener una sentencia penal vigente.

Su caso se ha convertido en la detención más prolongada bajo custodia migratoria en Japón, y ha reavivado el debate sobre las detenciones indefinidas que permite el Ministerio de Justicia.

 

🔹 De prisión penal a custodia migratoria


El hombre ingresó en Japón en 2008 con un pasaporte israelí falso y fue condenado por posesión de drogas. Cumplió su pena en 2012, pero no recuperó su libertad: al salir de prisión fue trasladado directamente a un centro de inmigración para esperar su deportación.

 


🔹 Un limbo diplomático sin salida


El problema radica en que Irán se niega a recibirlo, argumentando falta de cooperación diplomática.

Japón, por su parte, mantiene la política de “retención hasta la posibilidad de deportación”, lo que significa que no existe un límite legal de tiempo para mantener a una persona detenida bajo custodia migratoria.

Como resultado, el iraní lleva más de una década privado de libertad, sin fecha de salida ni destino claro.

 

🔹 Rechazo al asilo político


El extranjero  solicitó asilo político, afirmando que su familia fue perseguida tras la Revolución Islámica de 1979.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia rechazó su petición, y los tribunales ratificaron la negativa, asegurando que no existe evidencia de persecución actual.

Desde 2022 permanece recluido en el Centro de Inmigración del Este de Japón, ubicado en Ushiku, prefectura de Ibaraki.

 

🔹 “Si me obligan a volver, moriré”


En entrevistas con medios locales, expresó con desesperación:

“Si me obligan a volver, moriré. Si me quedo aquí, también moriré. No soy un criminal, solo quiero vivir como un ser humano.”

Sus palabras reflejan la angustia psicológica que sufren muchos detenidos en centros de inmigración, donde no hay acceso garantizado a atención médica o supervisión judicial.

Abogados y organizaciones internacionales acusan al gobierno japonés de violar derechos humanos, al mantener detenciones indefinidas sin revisión judicial independiente.

 

🔹 Una herida abierta en la política migratoria


El caso se ha convertido en un símbolo de la crisis humanitaria en los centros de detención japoneses.

Su historia podría influir en los debates legislativos sobre la próxima reforma de la Ley de Control de Inmigración, una norma que sigue generando profundas divisiones en la sociedad japonesa.

 

⚖️ Marco legal  


  1. Base jurídica de la detención:

    • La Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados (入管法, Nyūkanhō) permite la detención administrativa de extranjeros sujetos a deportación “hasta que sea posible su repatriación” (artículos 52 y 61-7).

    • No establece un límite máximo de tiempo, lo que ha sido criticado como una forma de “detención indefinida” incompatible con estándares internacionales.

  2. Derechos del detenido:

    • En teoría, la persona puede solicitar liberación provisional (仮放免, karihōmen), pero el Ministerio de Justicia tiene discrecionalidad total para aprobarla o denegarla.

    • Los tribunales japoneses, tradicionalmente deferentes al Ejecutivo, rara vez anulan estas decisiones.

  3. Normas internacionales:

    • El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Japón, prohíbe detenciones arbitrarias y exige revisión judicial rápida.

    • El ACNUR ha instado a Japón a introducir límites temporales y mecanismos de revisión independiente.

  4. Reforma pendiente:

    • En 2024 el Parlamento aprobó parcialmente la reforma de la Ley de Inmigración, que autoriza la deportación de solicitantes de asilo tras rechazos sucesivos, pero no introdujo límites de tiempo para la detención.

    • Casos como este muestran que, sin cooperación diplomática con el país de origen, las personas pueden quedar atrapadas en un limbo legal sin salida.

 



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