Japón se prepara para un cambio que muchos extranjeros van a sentir en el bolsillo… y bastante.

📍Tōkyō | 6 de julio

La Agencia de Servicios de Inmigración publicó el 3 de julio un proyecto para subir las tasas de los trámites de residencia. La medida entraría en vigor el 1 de octubre de 2026 y afectaría, sobre todo, a quienes viven en Japón y necesitan renovar su visa, cambiar su estatus de residencia o pedir la tan esperada residencia permanente.

Hasta ahora, renovar o cambiar el estatus costaba ¥6.000 en ventanilla y ¥5.500 si el trámite se hacía en línea. Pero con el nuevo sistema, el precio ya no será igual para todos. Dependerá del tiempo de residencia aprobado.

Por ejemplo, si el permiso es de tres meses o menos, la tasa será de ¥10.000. Para un año, subirá a ¥33.000. Si el período es de más de un año y menos de tres, será ¥48.000. Para tres años o más, pero menos de cinco, llegará a ¥64.000. Y para cinco años o más, el monto será de ¥75.000 en ventanilla.

Y aquí viene el salto más fuerte: la residencia permanente pasaría de ¥10.000 a ¥200.000. Sí, veinte veces más. Para muchas familias extranjeras, no es un detalle menor. Es una suma que obliga a planificar, ahorrar y mirar el calendario con cuidado.

El Gobierno japonés explica que este aumento responde al mayor costo de administrar los trámites migratorios. También menciona gastos relacionados con la digitalización, el apoyo a refugiados, las medidas contra la permanencia irregulary los programas para facilitar la convivencia entre japoneses y extranjeros.

Dicho de forma sencilla: Japón tiene más residentes extranjeros, más trámites, más casos que revisar… y quiere trasladar parte de ese costo a quienes solicitan los permisos.

Sin embargo, el punto más sensible está en los solicitantes de refugio.

Muchas de estas personas reciben permisos de estadía muy cortos, a veces de apenas dos, tres o seis meses. Eso significa que deben renovar una y otra vez mientras esperan una respuesta definitiva. Una espera que puede durar mucho. Muchísimo.

La Asociación Japonesa para Refugiados advierte que el nuevo sistema podría dejar en una situación muy difícil a quienes no tienen dinero para pagar. Pensemos en alguien que no puede regresar a su país por miedo a ser perseguido, pero tampoco puede pagar la tasa para seguir renovando su permiso en Japón. ¿Qué pasa entonces? El riesgo, dicen las organizaciones de apoyo, es que esa persona termine en situación irregular, no por voluntad propia, sino por falta de recursos.

Según esta organización, el primer año de trámites podría costar alrededor de ¥48.000 por persona. Y si hablamos de una familia de cuatro integrantes, la carga podría llegar hasta ¥192.000 solo en tasas. Para una familia que vive al día, eso pesa. Y mucho.

Además, en 2024, solo 710 personas recibieron fondos públicos de protección, una cifra pequeña si se compara con el número total de solicitantes de refugio en Japón.

El proyecto contempla una reducción de tasas, pero con condiciones bastante estrictas. Para acceder a ese alivio, la persona tendría que estar en una situación de pobreza similar a la prevista en la Ley de Asistencia Pública y, al mismo tiempo, ser reconocida como refugiada, beneficiaria de protección complementaria o estar dentro de otros casos considerados humanitarios.

En otras palabras: la ayuda existe, pero no será fácil de obtener. Y para muchos solicitantes cuyo caso todavía está pendiente, el camino podría quedar demasiado estrecho.

Por ahora, la Agencia de Inmigración abrió un período de comentarios públicos del 3 de julio al 2 de agosto de 2026. Las opiniones deben presentarse en japonés y pueden enviarse por e-Gov, correo electrónico o correo postal.

Para los extranjeros que viven en Japón, el mensaje es claro: conviene revisar fechas, preparar documentos con anticipación y, sobre todo, no dejar los trámites para el último momento. Porque desde octubre, renovar la residencia podría ser no solo un trámite más… sino también un gasto importante.

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