Japón endurecerá el control sanitario a extranjeros con morosidad en el seguro nacional


📍Tōkyō | 4 de noviembre


El Gobierno de Japón se prepara para una reforma de gran alcance en la intersección entre salud pública e inmigración. Según confirmó el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (厚生労働省) junto con la Agencia de Servicios de Inmigración (出入国在留管理庁), se establecerá un sistema que vinculará directamente el cumplimiento del pago del seguro nacional de salud (国民健康保険料) con la renovación o cambio del estatus de residencia.

El dato que encendió las alarmas es contundente: solo el 63 % de los extranjeros afiliados paga efectivamente sus primas. En algunos municipios urbanos, las tasas de morosidad superan el 10 %, generando desequilibrios financieros en el sistema sanitario y tensiones políticas sobre el principio de “equidad contributiva” entre japoneses y residentes extranjeros.

El nuevo esquema, que se prevé entre en vigor antes de 2027, busca frenar los impagos sistemáticos. Aquellos que acumulen deudas y no respondan a los requerimientos municipales de pago podrían ver rechazada su solicitud de renovación o cambio de visa, salvo casos excepcionales por motivos humanitarios o de salud grave.

Voceros del Ministerio argumentan que la medida no pretende ser punitiva, sino garantizar la sostenibilidad del sistema y la igualdad de trato entre todos los residentes. Sin embargo, diversas organizaciones civiles advierten que podría vulnerar derechos básicos de acceso a la salud, especialmente entre trabajadores con bajos ingresos o estudiantes extranjeros.

 
 

 
 

⚖️ Marco legal y administrativo

El plan se sustenta en dos pilares normativos:

  • Ley de Seguro Nacional de Salud (国民健康保険法): que obliga a todos los residentes —independientemente de su nacionalidad— a inscribirse y contribuir según sus ingresos.
  • Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados (出入国管理及び難民認定法): que faculta a la autoridad migratoria a negar la renovación o modificación del estatus de residencia si el solicitante incumple obligaciones legales o fiscales.

El gobierno planea coordinar la información entre los municipios, el Ministerio de Salud y la Agencia de Inmigración, permitiendo un intercambio automatizado de datos sobre pagos y morosidad. Esta integración digital marcaría un cambio estructural en la forma en que Japón gestiona la interfaz entre bienestar social y residencia legal.

 



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