Mano de obra invisible: viviendas comunitarias en Kioto revelan red de sobreestancia
📍Tōkyō | 13 de noviembre
En una operación conjunta entre la División de Asuntos Extranjeros y la comisaría de Shimogyō, la policía de Kioto detuvo a un total de ocho hombres de nacionalidad indonesia, acusados de violar la Ley de Inmigración y Refugio de Japón (入管難民法).
Entre ellos, figura un empresario de 48 años dedicado al negocio de envío de personal, sospechoso de haber alojado a trabajadores en situación irregular en dos viviendas del distrito Minami de Kioto.
Según las autoridades, los siete detenidos habían ingresado a Japón entre 2015 y 2024 bajo diversos programas laborales, pero no renovaron sus permisos de residencia. Pese a conocer su estatus irregular, el empresario presuntamente les facilitó alojamiento comunitario donde vivían hacinados y se ganaban la vida en empleos de demolición y limpieza pagados por día.
Durante la redada, la policía y la Oficina Regional de Inmigración de Osaka encontraron a 19 indonesios en total, de los cuales siete fueron arrestados de inmediato. “Sabíamos que las visas habían expirado, pero necesitábamos trabajar para enviar dinero a casa”, declaró uno de ellos.
El empresario, por su parte, negó haber actuado de manera deliberada: “Sabía que había personas con sobreestancia, pero quería que se fueran”.
💡 ¿Por qué no se difunde el nombre de los detenidos?
- Principio de presunción de inocencia:
Aunque hayan sido arrestados, legalmente aún no han sido condenados. Las autoridades y medios suelen evitar identificar por nombre completo a sospechosos, especialmente si el caso está en fase inicial o si no hay riesgo social inmediato. - Política de privacidad en medios japoneses:
Muchos medios japoneses siguen pautas éticas estrictas y sólo revelan nombres cuando:
- El delito es especialmente grave o violento.
- Ya se ha presentado una acusación formal (起訴) por parte de la fiscalía.
- Se trata de un caso con alto impacto público.
- Los sospechosos son figuras públicas o ha sido buscado anteriormente.
- Condición del extranjero:
En algunos casos, si el sospechoso es extranjero, los medios también omiten el nombre por razones diplomáticas o para evitar conflictos en la comunidad migrante, a menos que haya riesgo de fuga o reincidencia confirmada.
En cuanto se presente una acusación formal (起訴) o el caso se eleve a juicio, es probable que el nombre completo se haga público, especialmente si se trata de un caso con múltiples antecedentes como este.
⚖️ Marco legal
El caso se investiga bajo los artículos principales de la Ley de Inmigración y Refugio (入管難民法):
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Artículo 70, inciso 1 (iv): sanciona a quienes permanecen en Japón más allá del periodo autorizado (“不法残留”).
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Artículo 73-2: castiga a quienes ayuden o faciliten la residencia ilegal, incluyendo a quienes provean vivienda o empleo a sabiendas del estatus irregular.
Las penas pueden incluir hasta 3 años de prisión o multas de hasta 3 millones de yenes, tanto para los infractores como para quienes los encubren.
Además, el hecho de que los detenidos trabajaran en actividades diarias sin contrato formal plantea posibles violaciones a la Ley de Normas Laborales y la Ley de Seguridad de Empleo, donde las empresas intermediarias tienen la obligación de verificar el estatus de residencia antes de contratar o recomendar personal.
🧭 Contexto social
El caso expone nuevamente la tensión entre la necesidad de mano de obra extranjera y las limitaciones del sistema migratorio japonés.
Con más de 300 mil trabajadores bajo el programa de “habilidades técnicas”, muchos pierden su estatus al concluir el contrato o huir de abusos laborales, cayendo en redes informales de empleo y alojamiento. Kioto, al igual que Osaka, ha sido foco de inspecciones debido al crecimiento de redes semiocultas de trabajadores indonesios y vietnamitas que sobreviven en la economía paralela.
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