Robó al país’: Gobierno boliviano justifica la detención del exmandatario en histórica ofensiva legal
📍La Paz | 10 de diciembre (Tokyo, 11 de diciembre)
Bolivia despertó con una noticia que remeció al panorama político latinoamericano: la detención del expresidente Luis Arce, acusado de participar en un esquema de corrupción vinculado a un fondo estatal destinado a comunidades indígenas.
La aprehensión se produjo luego de que la Fiscalía emitiera una orden de captura en el marco del caso conocido como el Fondo Indígena, uno de los escándalos más persistentes de la política boliviana durante la última década.
El arresto ocurre apenas semanas después del histórico cambio político vivido en el país: por primera vez en casi 20 años, el Movimiento al Socialismo (MAS), partido al que pertenece Arce, dejó el poder tras perder las elecciones generales. El nuevo gobierno —que asumió en noviembre— ha prometido una “cruzada nacional contra la corrupción”, y la detención del exmandatario marca su primer gran golpe político y judicial.
Según medios locales, la Fiscalía sostiene que cuando Arce ejercía como ministro de Economía alrededor de 2010, autorizó el desvío de recursos públicos hacia cuentas personales de exlegisladores involucrados en la administración irregular del Fondo Indígena. Uno de ellos ya se encuentra detenido.
La presidenta en ejercicio, Claudia Larra, publicó un mensaje en video afirmando:
“Todo aquel que le haya robado al país deberá rendir cuentas. Sin excepciones.”
La declaración fue interpretada como una señal de que el nuevo gobierno busca marcar distancia del largo período de hegemonía política del MAS y responder a una demanda ciudadana que, desde hace años, exige justicia y transparencia en el manejo de fondos destinados a pueblos originarios.
⚖️ Marco legal: ¿Qué delitos se investigan?
La detención del exmandatario se enmarca principalmente en la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, también llamada Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la herramienta más poderosa del Estado boliviano para perseguir delitos cometidos por funcionarios públicos.
🔹 Delitos contemplados en este caso
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Uso indebido de influencias
Cuando un funcionario interviene para beneficiar a terceros o para desviar recursos públicos. -
Conducta antieconómica
Se aplica cuando una autoridad aprueba transferencias, contratos o decisiones que causan daño económico al Estado. -
Incumplimiento de deberes
Por omisión de controles, supervisión o salvaguarda de fondos estatales. -
Peculado (si se demuestra apropiación directa de recursos)
Desvío o apropiación de dinero destinado a fines públicos.
🔹 Características clave del marco legal
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Delitos de corrupción en Bolivia no prescriben, incluso si ocurrieron hace más de 10 o 15 años.
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La Ley 004 permite juicio de responsabilidades para altas autoridades, pero desde que Arce ya no ocupa el cargo de presidente, puede ser procesado como cualquier ciudadano.
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La investigación sobre el Fondo Indígena ha producido más de 90 procesos desde 2015, pero esta es la primera vez que involucra a un expresidente.
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