SHIZUOKA.- El caso de Hakamada Iwao es uno de los más emblemáticos en la historia judicial, especialmente en lo que se refiere a los errores procesales y el uso de la pena de muerte.
Hakamada, un exboxeador profesional, fue condenado a muerte en 1968 por el asesinato de cuatro personas en Shizuoka.
Durante más de cinco décadas, Hakamada ha mantenido su inocencia, y su caso ha sido objeto de múltiples apelaciones y revisiones judiciales, principalmente debido a la sospecha de manipulación de pruebas y violaciones de derechos procesales.
Antecedentes del caso
En 1966, en la prefectura de Shizuoka, una familia de cuatro personas fue brutalmente asesinada y su casa incendiada.
Hakamada, quien trabajaba en una fábrica de miso propiedad de la familia, fue arrestado poco después.
En ese momento, se alegó que confesó el crimen después de un largo interrogatorio, aunque más tarde se retractó, afirmando que había sido forzado a confesar bajo tortura.
La policía presentó varias pruebas, entre ellas ropa con manchas de sangre, supuestamente pertenecientes a Hakamada, que lo incriminaron en los asesinatos.
Con base en estas pruebas, Hakamada fue condenado a muerte.
Sin embargo, desde el principio, hubo serias dudas sobre la validez de las pruebas presentadas.
A lo largo de los años, abogados defensores y grupos de derechos humanos cuestionaron la veracidad de las «cinco prendas de vestir» presentadas como evidencia, argumentando que la ropa había sido fabricada para ajustarse a la narrativa de la policía.
Además, el tamaño de la ropa no coincidía con el de Hakamada, y las manchas de sangre se consideraron inusualmente frescas para haber permanecido ocultas durante tanto tiempo.
La reapertura del caso y la revisión judicial
En 2014, tras años de lucha legal, el Tribunal de Distrito de Shizuoka ordenó la liberación de Hakamada y permitió la reapertura de su juicio, reconociendo la posibilidad de que las pruebas hubieran sido manipuladas.
El tribunal aceptó nuevos análisis forenses que sugirieron que las manchas de sangre en las prendas no podían haber permanecido intactas durante el período de tiempo que la policía afirmó.
Además, la confesión de Hakamada fue puesta en duda debido a las condiciones bajo las cuales fue obtenida.
Finalmente, el 26 de septiembre de 2024, el Tribunal de Distrito de Shizuoka dictaminó que las pruebas clave, incluidas las cinco prendas de vestir y las declaraciones autoinculpatorias, fueron fabricadas por las autoridades durante la investigación inicial.
El tribunal determinó que las pruebas restantes no eran suficientes para vincular a Hakamada con los asesinatos, y lo declaró inocente.
Este fallo representó una importante victoria no solo para Hakamada, sino también para los activistas que han luchado durante años por la reforma del sistema judicial japonés, en particular en lo relacionado con los casos de pena de muerte.
El impacto de la decisión
Hoy martes 8 de octubre de 2024, se supo que la fiscalía japonesa había decidido no apelar el fallo de absolución, lo que significa que la inocencia de Hakamada será confirmada de manera definitiva.
Esto lo convierte en el quinto caso en la historia de Japón desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en el que un condenado a muerte es declarado inocente en un juicio de revisión.
En los cuatro casos anteriores, la fiscalía tampoco había apelado, lo que refuerza la idea de que el sistema judicial japonés ha cometido graves errores en el manejo de casos capitales.
Este caso pone de relieve las profundas fallas en el sistema de justicia penal de Japón, donde las confesiones obtenidas bajo presión han desempeñado un papel central en la condena de los acusados.
También subraya la necesidad de revisar los procedimientos judiciales y las condiciones de los presos condenados a muerte, quienes a menudo permanecen décadas en el corredor de la muerte en condiciones inhumanas.
La absolución de Hakamada Iwao marca un momento histórico para la justicia en Japón, pero también es un recordatorio inquietante de los riesgos inherentes a un sistema judicial que puede, en algunos casos, carecer de las salvaguardias necesarias para proteger a los inocentes.
La hermana
Hakamada Hideko (91 años), expresó su alivio después de que la fiscalía decidiera no apelar la decisión del Tribunal de Distrito de Shizuoka, que absolvió a su hermano en un nuevo juicio
«Siento que finalmente se ha cerrado un capítulo y que el caso ha llegado a su fin«, expresó muy emocionada.
Estas palabras reflejan el largo y angustioso viaje que la familia Hakamada ha recorrido, luchando durante más de medio siglo para demostrar la inocencia de su hermano.
La familia
Por su parte, el nieto del matrimonio, quienes eran las principales víctimas, expresó que, aunque es una decisión difícil de aceptar, «no queda más remedio que aceptarla«, refiriéndose tanto al veredicto de la corte como a la decisión de la fiscalía de no continuar con la apelación.
Este caso ha sido impactante para la comunidad debido a la brutalidad del crimen y las expectativas sobre el sistema judicial.
En un principio, la presión social era alta, y muchos esperaban que la fiscalía buscara una apelación tras el fallo inicial.
La Fiscal General
De otro lado, Unemoto Naomi quien es la Fiscal General de Japón, emitió una declaración en la que anunció que la Fiscalía Suprema llevará a cabo una revisión sobre la prolongada duración del proceso de solicitud de revisión del caso de Hakamada Iwao.
A lo largo de los años, tanto defensores de los derechos humanos como expertos legales han cuestionado la justicia de su condena, señalando que el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades y que Hakamada fue víctima de malos tratos durante su detención, lo que habría influido en su confesión.
Después de más de 50 años en el corredor de la muerte, en marzo de 2023, la Corte Suprema de Japón finalmente ordenó un nuevo juicio, lo que reavivó el debate sobre el sistema judicial japonés, en particular sobre la duración de los procedimientos de revisión judicial.
La declaración de la Fiscal General refleja la intención de la Fiscalía Suprema por identificar fallas estructurales o posibles errores que contribuyeron a la dilatación del caso.
Esta revisión es un paso significativo hacia la transparencia y la justicia en uno de los casos más emblemáticos de Japón, con el potencial de impactar futuras reformas judiciales en el país.
EL DATO
La decisión de la fiscalía de no apelar el fallo de inocencia de Hakamada consolida su estatus como víctima de una injusticia prolongada, y reaviva el debate sobre la pena de muerte y la necesidad de reformas profundas en el sistema judicial del país.
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