Japón vinculará el estatus de residencia al pago de seguros sociales 


📍Tōkyō | 3 de noviembre


El Gobierno de Japón anunció una de las reformas más estrictas de los últimos años en materia migratoria y social.

A partir de junio de 2027, los extranjeros que no paguen sus cotizaciones al Sistema Nacional de Pensiones (国民年金) o al Seguro Nacional de Salud (国民健康保険) no podrán renovar ni cambiar su estatus de residencia.

 

📊 Morosidad preocupante


Según datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (厚生労働省), la tasa de pago final de la pensión entre residentes extranjeros fue de apenas 49.7% en el último año fiscal.
En el caso del seguro de salud, un estudio que abarcó 150 municipios reveló que la tasa de cumplimiento promedio se situaba en 63% hasta diciembre de 2024.

 

🧩 Coordinación entre ministerios


Ante este panorama, el Gobierno central decidió actuar. En coordinación con la Agencia de Inmigración (出入国在留管理庁), se creará un sistema de información compartido que permitirá cruzar los datos de morosidad con los expedientes migratorios.

Así, quienes ignoren reiteradamente los requerimientos de pago serán considerados no aptos para mantener su residencia en Japón.

 

⏳ Calendario de implementación


El sistema entrará en funcionamiento en junio de 2027, precedido por una etapa de pruebas durante 2026.

La medida busca reducir la evasión de aportes en un contexto de envejecimiento poblacional y presión sobre los servicios públicos.

 

💰 Pago anticipado para nuevos residentes


De forma paralela, el Ministerio planea introducir una segunda política: a partir de abril de 2026, los gobiernos locales podrán exigir el pago anticipado de varios meses del seguro médico a quienes se registren como nuevos residentes.

Esto incluye tanto a extranjeros como a japoneses que regresen del extranjero, tras detectarse casos de personas que recibieron atención médica costosa y abandonaron el país sin pagar.

[gaikokujin kyojūsha]  pago anticipado del seguro médico nacional

⚖️ Marco legal y contexto


Esta reforma se apoya en la Ley de Seguro Nacional de Salud (国民健康保険法) y en la Ley de Seguro Nacional de Pensiones (国民年金法), que obligan a todo residente con más de tres meses de estancia a afiliarse y contribuir a los sistemas públicos.

Hasta ahora, las autoridades locales solo podían suspender el uso de la tarjeta de seguro o notificar la deuda, pero no existía un vínculo directo con el estatus migratorio.

El nuevo esquema introduce una interconexión inédita entre las bases de datos del Ministerio de Salud y la Agencia de Inmigración, lo que plantea desafíos sobre la protección de datos personales y la equidad administrativa.

 

⚠️ Voces críticas y defensa oficial


Juristas y asociaciones civiles advierten que la medida podría afectar a trabajadores extranjeros con empleadores informales o a estudiantes con bajos ingresos.

El Gobierno, sin embargo, la justifica como un paso necesario hacia la “igualdad de obligaciones” entre nacionales y extranjeros, en línea con el principio de “convivencia social sostenible” (共生社会の実現) establecido en las reformas migratorias de 2019.

 

 

 

Actualización

📍Tōkyō | 4 de noviembre

“Ueno anuncia control sanitario-migratorio: ‘Convivencia con responsabilidad’”


En una rueda de prensa ofrecida el martes 4 de noviembre , el ministro de Salud, Trabajo y Bienestar, Ueno Kenichirō (上野賢一郎), confirmó que el gobierno japonés prepara una profunda reforma que vinculará el pago del seguro nacional de salud con la renovación o cambio de visa para extranjeros a partir de junio de 2027. El anuncio marca un punto de inflexión en la política de integración, al combinar la gestión sanitaria con el control migratorio en un mismo marco legal.

Ueno explicó que el objetivo no es sancionar, sino “garantizar una convivencia ordenada y justa”, señalando que “japoneses y extranjeros deben respetarse mutuamente y compartir las cargas del sistema de seguridad social”. Subrayó que la medida busca prevenir los impagos de primas y facturas médicas, que en algunas ciudades ya superan el 10% entre residentes extranjeros. “Una sociedad equitativa requiere el uso adecuado de los beneficios públicos”, afirmó ante la prensa.

Durante la conferencia, el ministro detalló que los hospitales podrán reportar casos de morosidad médica, los cuales serán compartidos con la Agencia de Servicios de Inmigración (出入国在留管理庁) y considerados en las evaluaciones de residencia. Además, prometió la implementación de campañas multilingües para informar a los extranjeros sobre sus obligaciones dentro del sistema de salud.

Aunque varios municipios apoyan la medida, organizaciones civiles advirtieron que vincular la salud con la residencia podría aumentar la exclusión sanitaria. No obstante, Ueno insistió en que el sistema incluirá revisiones caso por caso para evitar injusticias. La rueda de prensa dejó claro el espíritu de la reforma: un Japón que aspira a la coexistencia, pero bajo un principio de corresponsabilidad y disciplina social.


 


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